La Fiscalía de Andalucía ha decidido abrir diligencias tras recibir diversas denuncias sobre posibles fallos en el programa de cribado del cáncer de mama gestionado por la Junta de Andalucía. El Ministerio Público ha solicitado a la Consejería de Sanidad que le remita un informe detallado sobre los hechos denunciados, así como sobre las medidas adoptadas para reparar los daños a las víctimas y prevenir que se repitan situaciones similares.
Según ha informado la propia Fiscalía, los fallos detectados estarían relacionados con un funcionamiento defectuoso o una aplicación incorrecta del proceso asistencial integrado para el cáncer de mama en la comunidad andaluza. Estos errores podrían haber afectado al diagnóstico y tratamiento de mujeres que participaron en el programa de cribado, lo que ha generado gran preocupación social y política.
Las denuncias iniciales, tal y como recoge EP, fueron presentadas por la asociación El Defensor del Paciente, que recibió múltiples quejas de mujeres afectadas y solicitó a la Fiscalía que investigara una posible dejación de funciones por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Posteriormente, Izquierda Unida (IU) Andalucía se sumó con una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en la que pedía investigar un posible delito de homicidio imprudente en la gestión de los tres últimos consejeros de Salud del Gobierno del Partido Popular en Andalucía.
IU señaló directamente a tres responsables políticos: Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento andaluz; Catalina García, consejera de Medio Ambiente y antigua titular de Salud; y Rocío Hernández, quien dimitió recientemente de su cargo. Por su parte, Adelante Andalucía también presentó una denuncia ante la Fiscalía autonómica, acusando a estos y otros altos cargos de la Consejería de Salud de presuntos delitos de lesiones imprudentes, homicidio por imprudencia y dejación de funciones en el servicio público.
A estas denuncias se suma la presentada por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que ha alertado sobre el supuesto borrado de historiales médicos relacionados con pruebas de mamografía y ecografía en el sistema informático del SAS, hecho que la Junta ha negado. Este colectivo, que ha recopilado testimonios de numerosas afectadas, estudia la posibilidad de interponer una demanda colectiva o individual para cada caso documentado.