La Fiscalía cierra sin cargos la denuncia de Amama por la presunta pérdida de mamografías

Los resultados fueron claros: no hubo manipulación interna, sabotaje externo ni pérdida de información

La Fiscalía Provincial de Sevilla ha puesto fin a una controversia que generó preocupación entre muchas mujeres que dependen del sistema público de salud para su seguimiento oncológico. La denuncia presentada por la Asociación Amama, que alertaba de una supuesta desaparición de mamografías y otras pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), queda finalmente archivada tras confirmarse que los historiales clínicos permanecen intactos.
Según explica el Ministerio Público, la Sección de Criminalidad Informática llevó a cabo una auditoría técnica detallada para determinar si los fallos detectados en ClicSalud+ y en el sistema Diraya podían deberse a un borrado malintencionado o a un acceso no autorizado. Este análisis se realizó a partir de informes técnicos del SAS y de las diligencias de la Unidad de Policía Judicial.

Los resultados fueron claros: no hubo manipulación interna, sabotaje externo ni pérdida de información. Lo que se detectó fue una saturación puntual del módulo de visualización que utilizan los pacientes, provocada por una demanda extraordinariamente alta. En otras palabras, las imágenes no desaparecieron; simplemente no se podían mostrar temporalmente. La Fiscalía subraya que el fallo tuvo un impacto operativo, pero no afectó a la integridad, trazabilidad ni autenticidad de los registros alojados en los servidores centrales.

Este dictamen también responde a las inquietudes planteadas por otras entidades, como la Asociación El Defensor del Paciente, que se sumó a la denuncia inicial. Tras analizar los historiales concretos de las afectadas, las auditorías confirmaron que no existen modificaciones, accesos indebidos ni supresiones de datos médicos, según Europa Press.

El archivo del caso y las vías que siguen abiertas

Una parte de la investigación se centró en el caso concreto de una paciente que afirmaba que se había eliminado un informe y anulado una ecografía. Sin embargo, la revisión técnica determinó que estos cambios respondían a criterios organizativos y de gestión clínica, y no a irregularidades informáticas. Este punto fue clave para que la Fiscalía descartara la existencia de delitos de descubrimiento y revelación de secretos o daños informáticos.

Con todo ello, el Decreto emitido el 26 de noviembre de 2025 confirma el archivo de las actuaciones. La Fiscalía insiste en que este cierre se limita estrictamente al ámbito penal y a los delitos analizados. Esto significa que, aunque no haya delito, las personas afectadas mantienen el derecho de presentar quejas o reclamaciones por retrasos, reprogramaciones o desacuerdos con los criterios médicos a través de los canales administrativos o judiciales correspondientes.

El archivo aporta tranquilidad a muchas pacientes que temían por la seguridad de sus datos, pero también recuerda que aún es necesario reforzar la capacidad de los sistemas informáticos sanitarios para evitar que fallos operativos generen alarma. En un entorno donde la salud digital es cada vez más importante, garantizar la confianza en estas herramientas continúa siendo una tarea imprescindible.