La familia del cabo muerto en Córdoba pide prisión preventiva para los mandos investigados

El abogado que representa a la esposa del fallecido argumenta que es el propio Tribunal el que reconoce que los hechos tienen características de un delito penal contra la eficacia del servicio

La familia del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de 34 años de edad y oriundo de Adamuz (Córdoba), que falleció ahogado junto al soldado Carlos León Rico el pasado 21 de diciembre en un ejercicio en un lago de la base militar cordobesa de Cerro Muriano, ha pedido prisión preventiva para el capitán de la compañía a la que pertenecían los militares fallecidos, el teniente y el sargento investigados por la jurisdicción militar.

En el documento presentado al Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla, el abogado que representa a la esposa del cabo, Antonio Granados, argumenta que «es el propio Tribunal el que reconoce que estos hechos tienen características de un delito penal contra la eficacia del servicio», por lo tanto, haciendo referencia a los artículos 215 y 216 de la Ley Orgánica Procesal Militar, considera que «es el momento procesal adecuado para que se ordene la detención preventiva de los presuntos responsables».

En esta línea de pensamiento, sostiene que hay «razones suficientes para ello, dada la gravedad de los hechos, y para evitar la pérdida o manipulación de pruebas –documentales o testificales– a las que los presuntos autores podrían tener acceso –siguen en servicio hasta el día de hoy– y que podrían ser cruciales para el esclarecimiento de los hechos».

Además, argumenta que «se cumplen estrictamente los requisitos exigidos en el artículo 216 de la mencionada ley para que se considere esta solicitud y se ordene la detención preventiva de los presuntos autores».

De igual modo, el abogado que representa a los padres del cabo, Francisco José Pérez, indica en su escrito que ante «el conocimiento claro de hechos que podrían constituir delitos (de hecho se ha iniciado incluso un proceso de Sumario), e incluso con tres personas que están siendo investigadas», teniendo en principio el Tribunal «certeza fundada del desarrollo de unos hechos tipificados en el Código Penal Militar y estando el proceso aún en fase inicial», solicita como medida cautelar la detención provisional, incomunicada y sin fianza para los tres investigados hasta el momento.

Concretamente, lo justifica en base a «no perturbar la investigación, la no destrucción de posibles elementos probatorios, la no perturbación de testigos, así como el buen desarrollo de la investigación sobre los hechos trágicos ocurridos en la base militar de Cerro Muriano».

Una instrucción exhaustiva y completa

Así, señala que «esta acción se plantea como una medida previa de protección de todos los materiales, versiones, documentos, elementos visuales, que hoy día puedan existir, y con el único propósito de que estos no sean destruidos o desaparezcan», todo ello «con el único objetivo de llevar a cabo una instrucción exhaustiva y completa», y el fin de «conocer todos los detalles de los hechos ocurridos».

Por lo tanto, considera que «los hechos contemplados en el artículo 77 del Código Penal Militar son lo suficientemente graves y relevantes, siendo severamente sancionados por la Ley orgánica 14/2015, como para que el Tribunal acceda a las medidas de carácter preventivo, todas ellas perfectamente enmarcadas en los artículos 215 y 216 de la Ley Procesal Militar».