El Museo del Prado celebra el 40 aniversario del regreso a España de una de sus obras más emblemáticas y con una historia más azarosa: el retrato de La Marquesa de Santa Cruz, pintado por Goya. Esta pieza no solo destaca por su valor artístico, sino por haber sido protagonista de un complejo entramado político y judicial. Documentos históricos confirman que, en 1941, Francisco Franco tuvo la intención de regalar este lienzo a Adolf Hitler, tras una visita de Heinrich Himmler a Madrid en la que los nazis creyeron ver una esvástica en el adorno de la lira que sostiene la marquesa, cuando en realidad se trata de un lauburu vasco.
El obsequio al dictador alemán nunca llegó a materializarse, posiblemente debido al cambio de rumbo de la Segunda Guerra Mundial y al avance aliado en el norte de África. Sin embargo, el destino del cuadro volvió a torcerse décadas después, en 1983, cuando fue objeto de una exportación ilegal. Los propietarios de la obra la vendieron a un marchante por un precio irrisorio utilizando documentación falsa, lo que inició un periplo clandestino que llevó el lienzo por Zúrich y Los Ángeles antes de recalar en Londres para su subasta internacional.
La alarma saltó cuando la obra fue ofrecida al Museo Getty por 12 millones de dólares y, posteriormente, anunciada para una subasta en la casa Christie’s en 1986. Ante esta situación, el Gobierno de España, encabezado en aquel momento por el ministro de Cultura Javier Solana, inició una ofensiva legal sin precedentes para evitar la pérdida definitiva del patrimonio nacional. El caso se convirtió en un hito en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, poniendo a prueba la capacidad diplomática y jurídica del Estado español en el extranjero.
La batalla legal se libró en la High Court de Londres bajo la asesoría del abogado Rodrigo Uría. Debido a que la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 no podía aplicarse de forma retroactiva, la defensa española tuvo que recurrir a un ingenioso precedente jurídico de 1861. El equipo legal logró convencer al juez británico de que el uso de permisos de exportación falsificados constituía un perjuicio económico directo para el Estado español, consiguiendo así una sentencia histórica que permitió paralizar la venta pública del cuadro.
Finalmente, el 9 de abril de 1986, se alcanzó un acuerdo de adquisición por seis millones de dólares, la mitad de su valor de mercado en aquella época. Esta recuperación supuso un triunfo moral y legal que reforzó la protección de los tesoros artísticos del país. Hoy, el Prado recuerda este episodio como un recordatorio de la fragilidad del patrimonio y de la importancia de la cooperación internacional para devolver a las instituciones públicas lo que legítimamente les pertenece.