La familia de un fallecido reclama 223.000 euros a una aseguradora por una presunta mala praxis médica

La familia considera que, de haberse confirmado correctamente la ubicación del tumor desde el principio, se habría evitado una segunda cirugía y los riesgos asociados a ella

La familia de un hombre que falleció a los 74 años ha iniciado una reclamación contra una aseguradora sanitaria al considerar que una serie de decisiones médicas durante el tratamiento de un cáncer de colon pudieron influir en el desenlace fatal. La esposa y los hijos del paciente solicitan una indemnización de 223.863,85 euros por los daños y perjuicios que, según sostienen, se derivaron de una actuación asistencial que no habría seguido los procedimientos adecuados.

El caso se remonta al verano de 2024, cuando el paciente acudió al hospital tras presentar diversos síntomas digestivos. Las pruebas realizadas detectaron una lesión tumoral en el colon, confirmándose posteriormente la presencia de un adenocarcinoma. Tras el diagnóstico, se programó una intervención quirúrgica con el objetivo de extirpar el tumor. Sin embargo, la familia sostiene que durante la operación surgió una discrepancia en la localización de la lesión, lo que habría provocado que se actuara sobre una zona diferente a la inicialmente identificada en las pruebas diagnósticas.

La controversia gira en torno a la localización del tumor

Según la demanda, la primera cirugía no logró eliminar el cáncer debido a que el segmento extraído no contenía la lesión tumoral detectada previamente. Esta situación obligó al paciente a someterse semanas después a una segunda intervención quirúrgica, en la que finalmente se localizó y extirpó el tumor en la zona correcta.

Tras esta operación, el estado de salud del hombre se complicó gravemente. El paciente desarrolló un shock séptico, una condición médica de extrema gravedad que requirió una nueva intervención urgente y su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos. Finalmente, falleció pocos días después.

La reclamación se apoya en un informe pericial que apunta a posibles irregularidades en el proceso asistencial, especialmente por la falta de verificación adicional ante la discrepancia detectada durante la primera operación. La familia considera que, de haberse confirmado correctamente la ubicación del tumor desde el principio, se habría evitado una segunda cirugía y los riesgos asociados a ella. Ahora será la justicia quien determine si existió responsabilidad y si procede la indemnización solicitada.