La Delegación del Gobierno defiende el desalojo de la acampada de Sol como «último recurso»

Asegura que se hizo sin violencia, pese a las denuncias de los acampados por el uso de gas pimienta y por varios heridos

Durante la madrugada de este martes, la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Municipal de Madrid, desalojó la acampada instalada en la Puerta del Sol, conocida como ‘Acampada 26S’.

La Delegación del Gobierno en Madrid, dirigida desde hace una semana por Pilar Trinidad, ha defendido la actuación en un comunicado. La describe como una medida de «último recurso», adoptada tras un «proceso de actuación gradual».

Con ello responde a la organización de la acampada, que acusa a las unidades antidisturbios de una intervención «violenta», con gas pimienta, que habría dejado varias personas heridas.

El comunicado no menciona las cargas ni los gases que denuncian los acampados. Sin embargo, la Delegación ha trasladado después que «el desalojo se ha desarrollado sin violencia».

Por qué se desalojó, según la Delegación

La institución sostiene que, en un primer momento, protegió el derecho de reunión porque la protesta tenía una «finalidad reivindicativa común». Subraya, no obstante, que ese derecho «no es ilimitado». Según su versión, tras más de un mes de protestas hubo un «cambio en las circunstancias y naturaleza de la acampada».

Señala que las principales organizaciones participantes se retiraron y que muchas de las pernoctaciones correspondían ya a «personas sin hogar» y «colectivos vulnerables».

A ello suma «hechos presuntamente delictivos e incidentes» ocurridos dentro de la acampada o en su entorno inmediato, comunicados por la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Según la Delegación, todo ello generó un «peligro concreto para personas y bienes».

Los avisos previos a los acampados

La Delegación asegura que el desalojo no fue una acción sobrevenida, sino el resultado de semanas de mediación. El 26 de octubre, el entonces delegado, Francisco Martín, envió un escrito a los acampados. En él advertía de que el tiempo transcurrido era «razonable» para hacer llegar sus exigencias a la sociedad y planteaba el fin de la protesta.

Al no recibir respuesta, el 29 de octubre se remitió un segundo requerimiento. Exigía el «desmantelamiento de la acampada a la mayor brevedad».

El 30 de octubre, los interlocutores de la acampada comunicaron la disolución de los grupos organizativos y el fin de la reivindicación inicial. Aun así, permaneció un grupo «residual» que se negó a abandonar la plaza.

Ante esa situación y los informes de la Jefatura Superior de Policía sobre incidentes en el entorno, la delegada del Gobierno emitió un oficio. En él pedía restablecer la normalidad con las acciones necesarias, bajo criterios de proporcionalidad y oportunidad, y con especial atención a las personas vulnerables.