La defensa de Begoña Gómez busca cerrar el caso mientras las acusaciones apuntan a Pedro Sánchez

Las defensas sostienen que no existen pruebas que justifiquen continuar con el proceso

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que archive la investigación abierta contra ella. Lo mismo han solicitado las defensas de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés. Los tres están imputados por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

Las defensas sostienen que no existen pruebas que justifiquen continuar con el proceso. Argumentan que las acusaciones se basan en conjeturas y que los hechos no configuran delito alguno. La Fiscalía también se ha mostrado favorable al archivo.

El juez Peinado investiga el caso desde abril de 2024, a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. En ella se acusaba a Gómez de haberse valido de su posición como esposa del presidente para recomendar a empresarios, entre ellos Barrabés, en procesos de licitación pública.

Durante la vista celebrada este lunes, el juez informó a las partes de que, en caso de llegar a juicio, el proceso sería juzgado por un jurado popular. Esto se debe a que uno de los delitos imputados, el de tráfico de influencias, está bajo la competencia de este tipo de tribunales. La sesión se prolongó más de tres horas y se desarrolló sin la presencia de los investigados, que delegaron su asistencia en sus abogados, según ha publicado Europa Press.

Las acusaciones insisten en llamar a Sánchez

Mientras tanto, las acusaciones populares mantienen una postura opuesta. Reclaman que el presidente Pedro Sánchez declare como testigo en esta pieza principal del caso. La petición ha sido impulsada por la asociación Hazte Oír, que considera que su testimonio es clave para aclarar el papel de Gómez en los hechos investigados.

No es la primera vez que las acusaciones piden su comparecencia. Ya lo hicieron el pasado 27 de septiembre en otra de las piezas separadas del caso, relacionada con la contratación de Cristina Álvarez en Moncloa. Sánchez ya acudió a declarar en julio, aunque se acogió a su derecho a no hacerlo por ser cónyuge de la investigada.

El juez ha recordado en resoluciones anteriores que las supuestas actuaciones de Gómez podrían estar vinculadas a su relación con el presidente. Según el magistrado, ese vínculo es relevante para valorar un posible delito de tráfico de influencias.

Por ahora, el futuro del caso sigue en manos del juez Peinado, que deberá decidir si lo archiva o si continúa la investigación. Las defensas buscan poner punto final al proceso, pero las acusaciones quieren seguir tirando del hilo.