La Eurocámara rehúsa señalar la responsabilidad directa del Gobierno murciano en la crisis del Mar Menor

25 de octubre de 2022
2 minutos de lectura
Mar Menor
Peces muertos en la orilla del mar. | Fuente: Ecologistas en Acción / EP

IU pedía calificar la situación de “ecocidio” por “la gravedad y persistencia del daño ambiental”, haciendo propio el término que emplearon los funcionarios de la Comisión Europea que han estudiado el caso

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha rechazado este martes señalar la responsabilidad directa del Gobierno de la Región de Murcia en la crisis ambiental del Mar Menor, tras rechazar en votación una enmienda presentada por Izquierda Unida que apuntaba a la responsabilidad directa del Ejecutivo de Fernando López Miras.

El informe, elaborado tras la visita que realizó una delegación de eurodiputados en febrero pasado al terreno para evaluar la situación del Mar Menor, ha evitado incidir en la responsabilidad de la administración de la Región de Murcia.

La enmienda señalaba la responsabilidad del Ministerio de Agricultura del Gobierno central, aunque acusa de inacción “en particular” al Ejecutivo regional.

Igualmente, pedía calificar la situación en la laguna de agua salada de “ecocidio”, a la luz de “la gravedad y persistencia del daño ambiental”, haciendo propio el término que emplearon los funcionarios de la Comisión Europea que han estudiado el caso. Con su voto negativo, el Parlamento Europeo ha evitado dar este paso.

La Comisión de Peticiones se ha reunido este lunes y martes, 24 y 25 de octubre, para, entre otros asuntos, votar el informe final con las conclusiones de la visita al Mar Menor (Murcia) del pasado mes de mayo. El asunto estaba en el orden del día de este martes, a partir de las 9:00 horas.

Tras el debate realizado el pasado 8 de septiembre y una vez presentadas las enmiendas -hasta el 23 de septiembre-, la comisión procederá a votar el informe final en el que se presentan las conclusiones de esta visita para investigar la degradación ambiental del espacio natural del Mar Menor.

La delegación de eurodiputados que visitó la zona del 23 al 25 de mayo se reunió con autoridades nacionales, regionales y locales, así como con científicos, organizaciones sociales, empresarios y sindicatos.

Esta estuvo presidida por la eurodiputada Tatjana Zdanoka (No Inscritos, Letonia) que se reunió con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; otras autoridades regionales; el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez; los alcaldes de zonas afectadas como Cartagena, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, La Unión y Torre-Pacheco; así como con científicos, organizaciones sociales, empresarios y sindicatos, entre otros.

El derecho de petición, reconocido y protegido en la UE

Uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos: todas las personas, actuando a título individual o junto con otros, puede ejercer en todo momento su derecho de petición ante el Parlamento Europeo en virtud de lo dispuesto en el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Cualquier ciudadano de la Unión Europea o residente en cualquiera de sus Estados miembros puede presentar una petición al Parlamento Europeo, individualmente o en asociación con otras, sobre un asunto que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la Unión Europea y que la afecte directamente. Las empresas, organizaciones o asociaciones con sede social en la Unión Europea también pueden ejercer este derecho de petición, garantizado por el Tratado.

Una petición puede consistir en una queja o en una solicitud y puede estar relacionada con asuntos de interés público o privado.

Esta puede contener una solicitud particular, una queja u observación relativa a la aplicación del Derecho comunitario, o un llamamiento dirigido al Parlamento Europeo para que tome posición ante un asunto concreto. Estas peticiones dan al Parlamento la oportunidad de llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos de los ciudadanos europeos cometida por un Estado miembro, una autoridad local u otra institución.

La Comisión de Peticiones es la encargada de articular y tramitar esas demandas. Está integrada por 35 miembros y cuenta con una persona en la presidencia y cuatro vicepresidencias.

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