El Ministerio de Sanidad ha publicado el informe anual de 2025 sobre la prestación de ayuda para morir, la que regula la ley de la eutanasia. Recoge 1.284 solicitudes, un 30,6 % más que el año anterior. Desde que la norma entró en vigor se han realizado 1.698 prestaciones, sin contar lo transcurrido de 2026.
El informe se basa en la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, en su quinto año desde su aprobación. Las solicitudes de 2025 suponen una tasa de 31,2 por millón de habitantes mayores de edad.
Durante el año finalizaron 1.219 procedimientos. De ellos, 1.052 correspondían a solicitudes presentadas en 2025 y 167 a peticiones de años anteriores.
574 concluyeron con la realización de la prestación, el 47,1 % del total. Otros 382 acabaron con el fallecimiento de la persona solicitante durante la tramitación, el 31,3 %. Los restantes terminaron con una denegación, 165 casos (13,5 %), o con una revocación, 98 casos (8 %).
Entre los procedimientos finalizados, el 50,5 % correspondía a mujeres y el 49,5 % a hombres.
El 79,8 % era de personas de 60 años o más, y el 91,7 %, de 50 o más. El grupo más numeroso fue el de 80 años o más, con el 29,3 %. La edad media se situó en 70,6 años.
Las enfermedades oncológicas y neurológicas fueron las más frecuentes. Las primeras representaron el 36,5 % de los casos y las segundas, el 31,3 %. Juntas reunieron casi el 68 %.
De las 574 prestaciones, 81 se realizaron en centros sociosanitarios, sobre todo en residencias. Suponen el 14,1 %.
La modalidad más habitual fue la administración directa por parte de sanitarios, en 563 casos (98,1 %). En los 11 restantes (1,9 %), la persona solicitante se administró la sustancia ella misma.
En 71 procedimientos finalizados (5,8 %), la tramitación empezó con un documento de instrucciones previas o equivalente. La ley lo prevé para personas que ya no pueden expresar su voluntad.
Las instancias que evalúan las solicitudes emitieron 188 pronunciamientos desfavorables. Dieron lugar a 72 reclamaciones ante las Comisiones de Garantía y Evaluación, de las que 20 se estimaron a favor del solicitante, un 28 %.
Además, 76 personas decidieron aplazar la prestación tras obtener una resolución favorable. Son el 11,1 % de los 683 procedimientos aprobados.
El tiempo medio entre la primera solicitud y la resolución de la Comisión fue de 46,5 días, con una mediana de 39, es decir, el valor central. Hasta la realización efectiva pasaron de media 72,4 días, con una mediana de 57. Ambos plazos incluyen reclamaciones y aplazamientos.
La donación tras la prestación permitió en 2025 que 205 personas recibieran un trasplante. Hubo 73 donantes efectivos, el 12,7 % de las 574 prestaciones.
Desde junio de 2021, 227 personas han donado sus órganos tras el proceso. Gracias a ello, 647 pacientes han recibido un trasplante.