Ha dicho no a la personación de la doctora como acusación particular en la causa que se seguía en esta instancia contra el comisario y el empresario López Madrid
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado el archivo definitivo de la causa contra el empresario Javier López Madrid, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo por el presunto encargo que el primero realizó al policía para que acosara a la doctora María Elisa Pinto debido a un conflicto personal.
En un auto, recogido por Europa Press, los magistrados de la Sección Cuarta dejan sin efecto el auto de apertura de juicio oral y dan la razón a la defensa del empresario, asegurando que la abogada de la doctora Pinto no está legitimada para acusar por un delito de cohecho, y al no existir otra acusación en la causa.
Para los magistrados, la solución no podía «ser otra que la solicitada por la defensa de López Madrid», que era decretar «la nulidad de las actuaciones, en concreto del auto de apertura de juicio oral, y el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, al carecer de legitimación la acusación particular, única que interesaba la condena» de los acusados.
Esta decisión llega después de que, el pasado mes de noviembre, la Audiencia Nacional acordase suspender el juicio que iba a arrancar contra los tres acusados. Lo hizo, en concreto, por enfermedad de la letrada de la doctora Pinto, anunciando el tribunal que resolvería «las cuestiones previas de modo anticipado a la celebración del nuevo juicio».
Medios policiales
Durante 2014, y según lo pactado con el empresario, Villarejo habría hostigado a la doctora realizando seguimientos e intentando impedir que denunciase a López Madrid por acoso. El juez señalaba que «usó medios policiales» para desacreditarla. «Accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial, solicitando información sobre el estado de las pesquisas, manipulando la investigación policial y realizando previsiones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento de la que tendría que formar parte», añadía.
El magistrado daba cuenta de los contactos telefónicos entre Villarejo y López Madrid, y sumaba a esto que también tuvo contacto con otros policías durante la investigación de los hechos denunciados por Pinto. En concreto se refería al ex jefe de la UCAO Enrique García Castaño y al inspector Alberto Carba, que era quien investigaba la denuncia de Pinto.
«Este agente de policía envió varios correos electrónicos a Javier López Madrid comunicándole el estado de la investigación, y recibiendo instrucciones. Estas comunicaciones se desarrollaron entre el 16 de octubre y el 23 de noviembre, ambos meses del 2015», decía el magistrado Manuel García Castellón.
El juez apuntaba además en su auto que en una conversación fechada el 26 de enero de 2017, Villarejo manifestó que reclamaría a López Madrid «una cantidad de dinero como compensación a la actuación que desarrolló en la resolución de su conflicto privado».
Y recogía el literal: «Yo cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava ésta y a todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito pónme un poquito de pasta, porque me has metido en un ‘embolao’ y ni me has llamado para decirme. Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios».