La acampada de Sol sigue acumulando mugre y orines mientras el alcalde, que tiene una potente unidad antidisturbios, echa la pelota en el tejado de Sánchez

El Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno se enzarzan en un cruce infinito de informes y planos sobre las competencias en el asunto de la acampada. Hay riesgo real de una tragedia en el kilómetro cero y ante el 29N

Por Elisa de la Peña

Hace más de dos siglos, Félix María de Samaniego inmortalizó la historia de aquellos dos conejos que, acorralados por unos perros de caza, prefirieron perder un tiempo precioso discutiendo si sus perseguidores eran galgos o podencos antes que ponerse a salvo.

«Son galgos, te digo», replicaba uno. «¿Qué galgos? Sí, podencos…», porfiaba el otro. Al final, mientras se perdían en matices teóricos, llegaron los cazadores y los atraparon a los dos.

Hoy, en pleno corazón de Madrid, la Puerta del Sol escenifica una versión moderna, burocrática y profundamente cínica de esta fábula, con las cruciales elecciones generales del 29 de noviembre (29N) como implacable telón de fondo.

El laberinto de las culpas cruzadas

A un lado del tablero se encuentra el alcalde de la capital, José Luis MartínezAlmeida. Desde los atriles municipales se denuncia a diario que la acampada por el derecho a la vivienda ha mutado en un grave problema de convivencia.

Se habla de insalubridad por las filtraciones de orín detectadas en los pozos de ventilación del Metro, de agresiones aisladas a la prensa y del uso de fuentes históricas como piscinas improvisadas.

Sin embargo, a la hora de actuar, el palacio de Cibeles insiste en que los perros son «galgos»: un problema de orden público y manifestación masiva cuya disolución compete en exclusiva a la Delegación del Gobierno y a la Policía Nacional.

Al otro lado, la Delegación del Gobierno juega al mismo juego defensivo. Sostiene que los perros son «podencos»: una simple infracción de las ordenanzas locales sobre acampada libre y uso del suelo urbano ordinario. Para el Ejecutivo Central, mientras la protesta no derive en violencia sistémica, el asentamiento se encuentra protegido por el derecho fundamental de reunión (artículo 21 de la Constitución), y cualquier desalojo forzoso chocaría con los límites estrictos fijados por el Tribunal Constitucional.

Los medios ocultos de Cibeles

Mientras este debate bizantino congela la plaza, la realidad técnica y operativa desmonta los escudos de ambas administraciones. El Ayuntamiento de Madrid posee una de las policías locales más avanzadas y mejor equipadas de Europa.

Cuenta con las Unidades Centrales de Seguridad (UCS) —un cuerpo especializado en el control de espacios públicos—, además de secciones de drones, escuadrón de caballería y guías caninos.

Con estos mismos medios, el Consistorio ha ejecutado de manera unilateral y con éxito el desalojo de numerosos inmuebles okupados de titularidad municipal, demostrando que tiene la fuerza administrativa necesaria para intervenir.

Más allá del orden público, la legislación sectorial arropa al municipio. El Artículo 1 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y el propio PEMAM (Plan de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid) otorgan al alcalde el mando único y la potestad directa para decretar un desalojo técnico si la seguridad de los ciudadanos corre peligro.

El bloqueo de rutas de evacuación o la presencia de materiales inflamables junto a cocinas de gas en un nodo de transportes crítico como el Intercambiador de Sol justificarían una intervención de oficio.

Pero aquí llega el gran giro institucional: para evitar verse obligado a intervenir en solitario —lo que supondría asumir el desgaste de cargar con la autoría material del desalojo a pocas semanas de las urnas—, un oportuno informe del propio Cuerpo de Bomberos municipal determinó que el asentamiento «no altera significativamente» las condiciones de evacuación. Un traje a medida para salvar a los altos cargos de una potencial acusación por prevaricación omisiva.

La comedia de los hidrantes

La respuesta de la Delegación del Gobierno no se ha hecho esperar, elevando el absurdo a niveles teatrales. En su último movimiento, ha enviado un requerimiento formal exigiendo al Ayuntamiento los planos contraincendios de Sol porque las tiendas de campaña impiden ver físicamente los hidrantes y las columnas secas.

La paradoja es sangrienta: la Delegación reconoce por escrito que las infraestructuras críticas de emergencia están tapadas y que el sistema contra incendios está inutilizado visualmente, pero en lugar de ordenar actuar a la Policía Nacional para despejar el riesgo, pide papeles por registro electrónico.

Por su parte, el Ayuntamiento replica que sus camiones de reducción de tamaño y cámaras 360 grados pueden “ratonear” milimétricamente por el pasillo perimetral pactado con los manifestantes. El camión puede circular, pero si hay fuego, no hay dónde conectarlo.

El parto de los montes y el ratón electoral

Esta estrategia de la distracción colectiva nos traslada directamente a otra célebre fábula de Samaniego: «El parto de los montes». La historia nos habla de unas montañas que emitían unos quejidos espantosos, ruidos aterradores y temblores que tenían a toda la población en vilo, esperando el nacimiento de un coloso o un cataclismo sin precedentes. Sin embargo, tras tanto estrépito, la montaña se abrió y de ella solo brotó un diminuto y ridículo ratón.

Cada semana, el conflicto de la Puerta del Sol emite sus propios quejidos atronadores en forma de declaraciones solemnes, ultimátums políticos y acusaciones de «negligencia absoluta». Los ciudadanos asisten a las tertulias esperando que se abra la tierra o se ejecute una resolución judicial contundente.

Pero al final de la jornada, tras todo el ruido de la montaña institucional, el parto da a luz a un ratón: un intercambio de denuncias, cartas burocráticas, un burofax de requerimiento técnico y la permanencia intacta de más de 1.200 tiendas de campaña en el kilómetro cero, una venta ambulante encubierta y top manta que se desarrolla como una suerte menor del Rastro de la Ribera de Curtidores.

A ambas administraciones les interesa estirar el estrépito de la montaña porque la acampada se ha convertido en el decorado ideal para la precampaña del 29N. A la izquierda le es útil para mantener el debate público centrado en la precariedad de la vivienda; al Partido Popular le sirve para ilustrar la supuesta degradación y permisividad tolerada por el Ejecutivo Central.

El verdadero problema de jugar a los conejos y a los montes de Samaniego en las instituciones es que los costes no los pagan los partidos, sino los ciudadanos.

Si mañana se produce un siniestro generalizado o una evacuación fallida por culpa del colapso de la plaza, la discusión sobre si la competencia era del Estado o del municipio, o si el hidrante figuraba en un plano digital, carecerá de valor.

Cuando la negligencia calculada provoque una tragedia, ya no importará si eran galgos o podencos, porque el tiempo de ponerse a salvo habrá expirado para todos.