Juzgan a un celador acusado de violar a una joven ingresada en la planta de psiquiatría

El fiscal subraya que la víctima llegó a autolesionarse inmediatamente después de suceder los hechos

La Audiencia Provincial de Madrid juzga este miércoles a un celador del Hospital Ramón y Cajal de la capital acusado de cometer en abril y mayo de 2021 dos agresiones sexuales a una joven de 18 años hospitalizada en la planta de psiquiatría.

El escrito de acusación del fiscal solicita una pena de diez años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual. Por otro lado, el abogado Juan Manuel Medina, en representación de la acusación particular, eleva su petición a 26 años de cárcel, incluyendo dos delitos de agresión sexual y un delito de promoción y facilitación de consumo de drogas tóxicas que crean grave daño a la salud.

Según la versión del fiscal, el celador trabajaba en el turno de noche en la planta de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Durante ese período, una joven de 18 años estaba ingresada en dicha planta por orden judicial desde el 28 de marzo de 2021 debido a un intento autolítico, trastorno límite de la personalidad y trastorno de la conducta alimentaria.

Respecto a esta chica, sobre la una de la mañana del 29 de abril de 2021, el acusado aprovechó que en ese momento no se encontraba en la zona del TEC el resto del personal y le ofreció cocaína.

Después, se acercó a ella, le levantó la camiseta y, tras ello, continuó la agresión sexual, según el escrito. De igual modo, el procesado la agredió otra vez el 1 de mayo de ese año. Así, entró en su habitación y le empezó a tocar por debajo de la ropa, agrediéndola sexualmente a continuación.

La víctima llegó a autolesionarse después

El fiscal subraya que la víctima llegó a «autolesionarse inmediatamente después de suceder los hechos, lo que supuso además y a consecuencia de lo anterior agravación significativa de su patología clínica de base».

El fiscal considera los hechos constitutivos de un delito continuado de abuso sexual, por lo que procede imponer al procesado una pena de 10 años de cárcel, así como prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros de su domicilio y de cualquier lugar en que la misma se encuentre.

El procesado indemnizará a la perjudicada en la cantidad de 20.000 euros en concepto de daños psicológicos y morales, cantidad que devengará los intereses legales correspondientes. De dicha cantidad deberá responder en concepto de responsable civil directo la compañía aseguradora, siendo responsable civil subsidiaria la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.