La séptima sesión del juicio en el Tribunal Supremo ha estado marcada por la declaración de Ana María Aranda, exsecretaria del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Su testimonio ha aportado nuevos detalles sobre los viajes oficiales en los que participó Jéssica Rodríguez, expareja del exdirigente, y que han sido objeto de análisis en el proceso judicial.
Aranda confirmó que Rodríguez acompañó al entonces ministro en un total de 13 desplazamientos, tanto dentro como fuera de España. Sin embargo, insistió en un punto clave: estos viajes, según su versión, nunca se pagaron con dinero público. En su lugar, explicó que los gastos fueron asumidos mediante la tarjeta personal de Koldo García, exasesor ministerial.
La testigo detalló que fue el propio Koldo quien le facilitó los datos de su tarjeta para gestionar los pagos. Según su relato, su papel se limitaba a ejecutar tareas administrativas, sin cuestionar el origen de las instrucciones. En ese sentido, aseguró que actuaba dentro de lo que entendía como un procedimiento habitual, sin percibir irregularidades en el momento.
Este punto es especialmente relevante en el contexto de la investigación, centrada en posibles irregularidades en la gestión de recursos durante la etapa de Ábalos al frente del ministerio. La afirmación de que no se utilizaron fondos públicos introduce un elemento de debate sobre la naturaleza de los gastos y su encaje dentro de la legalidad.
Durante su intervención, Aranda también abordó otros aspectos relacionados con su labor en el ministerio. Entre ellos, destacó la emisión de salvoconductos durante la pandemia, documentos que permitían a determinadas personas desplazarse en un contexto de restricciones.
La exsecretaria explicó que estos documentos eran cumplimentados siguiendo instrucciones directas de Koldo García. Según indicó, ella se limitaba a rellenar formularios previamente establecidos, utilizando los datos que le proporcionaban. En total, estima haber gestionado entre 20 y 40 de estos permisos, aunque no pudo precisar con exactitud las cifras.
Otro de los puntos tratados fue la presencia del empresario Víctor de Aldama en las dependencias del ministerio. Aranda recordó haberle visto en varias ocasiones, incluyendo reuniones con altos cargos y representantes empresariales. No obstante, señaló que siempre lo vio acompañado y dentro de un contexto formal.
El testimonio refleja el funcionamiento interno de una estructura administrativa en la que las tareas se ejecutaban bajo instrucciones jerárquicas. Aranda insistió en que su actuación respondía a una lógica de obediencia administrativa, sin capacidad para cuestionar las decisiones que se tomaban en niveles superiores.