Juicio a la Kitchen (1) Son casi todos los que están,

El próximo lunes comienza el juicio en el que los 10 más altos cargos del Ministerio del Interior y Policía de Rajoy se enfrentan a penas de hasta 15 años de cárcel por destrucción de pruebas

ERNESTO EKAIZER/El Periódico

La Planta Noble del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional durante el Gobierno de Mariano Rajoy se someten a juicio penal por robar documentos en poder de Luis Bárcenas que la cúpula del PP consideraba dañina para el presidente Rajoy, operación de 2013-2016, a través de la cual, según el instructor, Manuel García-Castellón, “se materializó el acceso a la información que guardaba”. Se trata de la operación bautizada por el entonces comisario José Manuel Villarejo como Kitchen: cocina en inglés.

Diez acusados se sientan, a partir del próximo lunes, día 6 de abril, en el banquillo de una de las operaciones ilegales de la cúpula de la Policía Nacional dirigida, durante el gobierno de Rajoy, contra uno de sus adversarios internos – Luis Bárcenas, tesorero nacional del Partido Popular, que acumuló una fortuna de hasta 42,8 millones de euros en Suiza, junto con papeles comprometedores para la dirección del PP y en especial Mariano Rajoy, que era entonces, en 2013 presidente del Gobierno de España.

Los acusados eran once, pero uno de los personajes centrales de la trama, el comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) entre 1994 y 2017, el policía que allanó sin orden judicial el taller madrileño de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, fue exonerado a causa de un ictus que sufrió ( mayo de 2022) y sus secuelas.

El más notorio suceso de la operación fue el asalto del domicilio de Bárcenas el 23 de octubre de 2013, mientras el extesorero se hallaba en prisión preventiva, por un personaje que había actuado en el pasado para el CNI en México, Enrique Olivares García, quien se hizo pasar por cura y, armado, secuestró durante unas horas a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, a su hijo Guillermo y a una empleada del hogar.

El juez García-Castellón no hizo caso del informe de la forense, Carmen Baena, nombró a otro forense, José María Álvarez Leboreiro, quien realizó un dictamen tras examinarle en los calabozos de la Audiencia Nacional, donde el imputado no pronunció palabra.

Según el dictamen, del 16 de octubre de 2020, Olivares, como consecuencia de un infarto cerebral sufrido en 2018, “no reúne las condiciones psíquicas y físicas en el momento actual que le permitan prestar declaración, siendo las posibilidades de recuperación casi nulas”.

Olivares fue condenado en 2014 a 22 años de prisión por retener a la familia de Bárcenas, exigirles los “pendrives” y la información relativa al proceso del extesorero para “acabar con el Gobierno de la nación”.

Olivares falleció el 16 de enero de 2022.

Brilla por su ausencia en el banquillo el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, durante la gestación, desarrollo y finalización de la operación Kitchen (cocina en inglés). Cosidó, diputado del PP, y Cospedal eran la “pata política” de Kitchen. Ni siquiera prestó declaración en calidad de testigo durante los años de instrucción de la causa.

El juez García-Castellón rechazó tomarle declaración en calidad de imputado como pedía la Fiscalía Anticorrupción porque era “innecesario e inútil”.

“No hay plazo que no se venza, ni deuda que no se pague” dice el refrán popular.

Pero, como dice George Orwell al final de su novela (Rebelión en la granja, Londres, 1945), en una sátira del socialismo realmente existente, “todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros”.

Y en el caso Kitchen, los instigadores y beneficiarios de la operación no han visto vencer el plazo ni tendrán que pagar deuda alguna.

Algunos de esos animales, es cierto, son más iguales que otros.

El fin de la operación Kitchen, según el auto de transformación de las diligencias (equivalente al de procesamiento) dictado por el juez Manuel García-Castellón el 29 de julio de 2021, era “acceder a documentación e información en poder de Bárcenas para desviarla del proceso judicial en curso”.

Este era, señala el auto, “el vector” que unía a los implicados y “el fundamento de la operación”.

Es más, sostenía el juez: “Y existen indicios que permiten sostener que se materializó el acceso a la información que guardaba [Bárcenas]”

Afirma el juez: “La intervención de los máximos responsables gubernativos del Ministerio resulta solventemente constatada”. El ministro del Interior de Rajoy, Fernández Díaz, está, según el auto, en “el vértice de la cadena que ordenó la puesta en marcha de la operación”.

Según el juez, el número dos, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, tuvo un papel activo en la trama porque recibió “órdenes concretas” de Fernández Díaz, quien le instruía sobre la “prioridad” de la operación.

Destaca el relato “la ascendencia [de ambos] sobre los funcionarios policiales de mayor rango que materializaron la operación”, lo que “resulta evidente y vertebra la operación, desde la ideación hasta la autorización de los gastos materiales que permitieron que se materializara”.

En esa “cadena” directa es curioso, falta un eslabón.

¿Cuál?

El del director general de la Policía: el del exdiputado del PP, Ignacio Cosidó.

Una ausencia defendida a capa y espada por el juez.

El 21 de julio, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado, precisamente, la declaración de Cosidó en calidad de imputado.

En su escrito, los fiscales hacían referencia “a la participación en los hechos del director general de la Policía Ignacio Cosidó, la cual ha sido puesta reiteradamente de manifiesto en las declaraciones prestadas por los investigados José Manuel Villarejo y Eugenio Pino”.

Pero ocho días más tarde, el 29 de julio de 2021, el juez cerró la investigación y rechazó la declaración de Cosidó como imputado porque, según señaló, no se aportaban elementos indiciarios de su participación en los hechos.

El juez consideró dicha diligencia algo “innecesario e inútil”.

El 6 de septiembre de 2021, los fiscales recurrieron la decisión del juez: “Por lo que respecta a la denegación de la declaración con la condición de investigado de Ignacio Cosidó, se aduce por el instructor que el fiscal omite la referencia a cualquier indicio incriminatorio que justifique su citación”.

Los fiscales le recuerdan que las “declaraciones [de los imputados Eugenio Pino y José Manuel Villarejo] obran en las actuaciones y, por tanto, deberían ser conocidas y valoradas por el instructor, porque, además, estas manifestaciones son claras al respecto, haciendo referencia a una participación no meramente circunstancial sino de carácter específicamente directivo del director general de la Policía”.

Es decir: Cosidó es un eslabón importante en la “cadena” descrita por García-Castellón.

Desengancharle, esto es, dejarle fuera, además, suponía una evidente contradicción con la decisión del juez de procesar al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Del “eslabón”, por así decir, que representa el secretario de Estado de Seguridad Martínez, García-Castellón da un salto, omite a Cosidó, llega a Eugenio Pino, directir adjunto Operativo o número 2 de la Policía y sigue con otros mandos intermedios. El juez se salta al número 1, al politico de la Policía.

Entre cincuenta y setenta policías, según las diferentes fases de la operación, tuvieron participación en la operación lo que da una idea de la importancia de la misma y de los gastos reservados invertidos.

Y, sin embargo, otro eslabón desengancharse fue el del responsable ds autorizar el pago de fondos reservados.

El juez exculpó al encargado de ello, el coronel de la guardia civil Diego Pérez de los Cobos después de tomarle declaración como testigo el 13 de noviembre de 2020 y escucharle decir que ignoraba si, por ejemplo, a Sergio Ríos, el chófer que le colocaron de espía a Bárcenas, se le pagaba con dinero de fondos reservados.

Lo ignoraba.

Pero a los eslabones de la cadena de mando “desenganchados” por decisión del juez instructor hay que añadir la de exonerar a la pata politica partidista de la operación.

El juez García-Castellón, archiva la causa contra María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, y ministra de Defensa, que mantiene un contacto permanente con el comisario Villarejo, ya desde 2009.

Según declaró públicamente, estaba en sus funciones de secretaria general del PP lobtener informaciones sobre lo que ocurría en su partido en un momento delicado.

Porque la cúpula del PP temía que Bárcenas se llevase por delante la presidencia de Rajoy.

Pero es que, además, uno de los diez acusados es el comisario Andrés Gómez Gordo, quien fuera director general de Documentación y Análisis de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha bajo la presidencia de Cospedal.

Gómez Gordo dejará su cargo junto a Cospedal en la presidencia de Castilla la Mancha, y cumplirá una misión más relevante para los inteteses del PP. Se reincorpora a la Policía para formar el equipo de la operación Kitchen.

El comisario -condenado en septiembre de 2024 por participar en el caso de prevaricacion y malversación agravada del proyecto urbanístico de la Ciudad de la Justicia de Madrid- tendrá una participación decisiva: recomienda a Sergio Ríos para el puesto de chófer de Bárcenas.

Se le bautiza con el apodo de cocinero

Por tanto, Cospedal tendrá información en tiempo real sobre la marcha de la operación precisamente a través de Gómez Gordo. Su apodo en la banda será el de Cospedín.

Ríos, a su vez, se convertirá en un espía de la cúpula.

Para garantizar que mantendrá el silencio, explica Villarejo en un encuentro celebrado el 22 de agosto de 2014, en Boadilla del Monte, al secretario de Estado Francisco Martínez, su plan:

– Porque los años pasan, macho, y la gente es más inmadura de lo que parece, tiene menos sentido de Estado y es imprudente. Y entonces no sé cuando ni tú ni yo estemos qué tratamiento se le va a dar a este chaval que tiene treinta y nueve años, si se le va dejar tirado o no. O si se va a cabrear y un día va a hablar con los otros [del Gobierno que venga].

– Que sí -asiente Martínez.

– Si hay oposiciones para policía básico, ahí lo tendríamos trincado totalmente porque ya sería policía– insiste Villarejo.

Y así fue como, al año siguiente del encuentro de Villarejo y Martínez aquel 22 de agosto de 2014 en Boadilla del Monte, Sergio Ríos ingresará, en 2015, a la academia de Policía Nacional para graduarse dos años después.