¿Es cierto lo que afirma Feijóo de que Sánchez «ralentiza» la decisión del TC sobre Puigdemont para tenerle «cercado judicialmente»?

El líder del PP, que se niega a renovar los cuatro magistrados cuyos mandatos en el Tribunal Constitucional ya han vencido, inventa una interferencia del presidente del Gobierno cuando siete recursos de amparo, incluido el del expresident, están pendientes a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) responda las dudas prejudiciales de la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas en una sentencia que se espera para mayo próximo

El líder del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, tiene sobre la mesa, o quizá, ya a estas alturas, en los cajones de su escritorio, en el despacho de la madrileña calle de Génova, 13, una carpeta TC, sigla del Tribunal Constitucional. Desde diciembre pasado, sabe que cuatro magistrados deben ser renovados por cumplimiento de su mandato (Cándido Conde-Pumpido, presidente; Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer y José María Mario Macías). No obstante, no ha hecho gesto alguno para aceptar una negociación entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Se renuevan con los votos (3/5) del Senado, cámara que eligió a esos magistrados en 2017 (con la excepción de Macías, quien sustituyó a Alfredo Montoya, magistrado que dejó en 2022 el cargo por enfermedad, antes de morir en 2025). El Senado ha prorrogado los cuatro mandatos hasta el mes de mayo.

Ya en su día Feijóo dio largas a la renovación de los dos magistrados que correspondía elegir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hasta que fueron designados a finales de diciembre de 2022. Lo mismo ocurrió con el CGPJ, cuyo mandato venció en 2018, y que no fue renovado, casi seis años más tarde, es decir, hasta julio de 2024.

Feijóo carece de interés partidista ahora en la renovación de los cuatro magistrados por dos razones.

La primera, el PP se tiene que poner de acuerdo con el PSOE, lo que supondría, como ha sido normal, elegir dos magistrados de sensibilidad conservadora y dos progresistas. ¿Y qué? Pues que ello no altera la mayoría progresista que, desde primeros de 2023, existe en el TC, de siete progresistas versus cinco conservadores, con la presidencia progresista.

La segunda razón es que un pacto PP-PSOE sería el blanco de las críticas de Vox, el partido con el cual el PP intenta formar coaliciones gubernamentales en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Y, claro, en vísperas de las elecciones en Andalucía, sería un flanco débil de Feijóo. Santiago Abascal intentaría pasar factura a Feijóo por resucitar el bipartidismo.

¿Y para qué? Para mantener la mayoría progresista actual.

Feijóo sueña, en todo caso, en abandonar toda negociación y fiar la renovación a una mayoría aplastante en las próximas elecciones generales para, así, con los 3/5 soñados elegir a los cuatro magistrados -que seguirían prorrogados de facto- de tendencia conservadora en el Senado y, entonces sí, imponer una mayoría conservadora. No es fácil. Pero soñar no cuesta nada.

Y es en este contexto de desinterés institucional del TC cuando, empero, ataca al TC, a todo el TC, progresistas y conservadores, porque están dejandose manipular por Pedro Sánchez.

Preguntado estos días por su relación con Junts, Feijóo ha dicho: “Creo que Sánchez les ha utilizado para tener sus votos y a la figura de Puigdemont. ¿Qué es lo que está haciendo ahora, en mi opinión? Ralentizando la decisión del Tribunal Constitucional para tener al señor Puigdemont cercado judicialmente y lo dosifica para intentar acabar la legislatura”.

Hombre, Sánchez ha aprobado la ley de amnistía, que es algo más que haberlos “utilizado para tener sus votos”. No hay factura más grande que haya partido político alguno en la historia democrática que sacar esa ley de amnistía, después de haberla denostado para poder seguir en La Moncloa.

Y de que Sánchez pagase esa factura bien que se han encargado Feijóo y el sindicato mediático- judicial.

¿Ignora Feijóo quiénes tienen “cercado judicialmente” -una expresión atinada, por cierto- a Puigdemont? Pues aquellos que, como los magistrados Manuel Marchena y Pablo Llarena -y otros más, por supuesto- se negaron a aplicarle la amnistía con una rocambolesca ingeniería jurídica fraguada en la Sala Penal del Tribunal Supremo, ingeniería que fue denunciada por la magistrada Ana Ferrer como una “ficción jurídica” y una “entelequia”.

No puede ignorar el líder del PP que Llarena reactivó la orden de detención el 1 de julio de 2024, al tiempo que denegó a Vox dictar una orden europea de detención, quizá para no volver a hacer el ridículo ante la justicia europea.

El recurso de amparo de Puigdemont está a la cola de los otros seis recursos, porque la Sala Penal del Supremo no le dio el ‘ucase’ al incidente de nulidad de sentencia hasta pasados largos meses, un paso obligado para llegar al TC.

Cualquiera de los magistrados de sensibilidad conservadora a los que llega directa o indirectamente Feijóo podrían explicarle que el TC abordará los siete recursos de amparo una vez que, previsiblemente en mayo, el TJUE dicte sentencia.

Feijóo, preocupado por el cerco judicial de Puigdemont, ¿hará lo posible para que cuando el TC aplique la amnistía a Puigdemont, la Sala Penal acate la decisión? Porque es el día de hoy que esa sala desobedece la sentencia del TC, que desestimó su cuestión de inconstitucionalidad a la espera del TJUE.