La asociación de Juezas y Jueces para la Democracia rechaza el plan de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos de abrir en Ruanda un centro de retorno de migrantes. En otro comunicado, considera un avance histórico que el Consejo de Ministros haya anunciado este jueves la creación de 500 plazas judiciales y 200 de fiscales para 2027.
Las nuevas plazas se suman a otras 500 judiciales que ya están en proceso de concurso para 2026. Así lo recoge la asociación en su comunicado. Su portavoz, Celima Gallego Alonso, afirma que ampliar la planta en más de mil plazas en dos años es un esfuerzo notable. A su juicio, ayudará a gestionar el elevado número de pleitos, acortar los tiempos de respuesta y lograr cargas de trabajo razonables.
Gallego, que habla en nombre del Secretariado de la asociación, añade que a ese anuncio se suma la gran convocatoria de oposiciones a judicatura y fiscalía ya en marcha. Cree que ambas medidas suponen un cambio fundamental, que beneficiará a los profesionales del derecho y a la sociedad.
La portavoz valora de forma muy positiva este impulso, que considera necesario para mantener un nivel digno de respuesta. Destaca que la nueva convocatoria se centre en la jurisdicción social y en los juzgados de violencia de género.
Sobre la primera, sostiene que soporta cargas de trabajo y retrasos mayores de lo admisible. Respecto a los segundos, defiende que reforzarlos es fundamental para proteger a las mujeres, ahora que sus competencias incluyen los delitos contra la libertad sexual.
Gallego pide que el anuncio se concrete cuanto antes. También desea que el Gobierno que salga de las elecciones del 29 de noviembre mantenga el impulso. Según ella, la planta judicial crecerá más de un 17 %. Reclama asimismo que las comunidades con competencias en Justicia, como Madrid o Andalucía, aporten el personal necesario para acompañar esta ampliación.
Por otro lado, la asociación critica el plan que impulsan cinco países europeos para crear un centro de retorno en Ruanda. Sus promotores lo presentan como una herramienta para frenar la inmigración irregular.
Para la organización, es una forma inhumana de trasladar a otros las obligaciones que Europa asumió en derechos humanos y protección internacional. Comparte las preocupaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, que ha advertido de los riesgos de enviar migrantes a un país con el que no tienen vínculo real y que afronta sus propios retos en esta materia.
La asociación sostiene que un fenómeno tan complejo no se resuelve desplazando el problema a terceros países. Pide políticas que ataquen las causas profundas, como los conflictos armados, la vulneración de derechos, las desigualdades y la falta de oportunidades. Defiende además un modelo que amplíe las vías legales y seguras de migración, refuerce la protección internacional y reconozca lo que aportan los migrantes a las sociedades europeas.