El Gobierno de Italia, presidido por Giorgia Meloni, aprobó el martes un paquete de medidas de seguridad tras los disturbios y saqueos del fin de semana en Milán. Incluye un nuevo delito por participar de forma violenta en manifestaciones y el envío de 500 soldados más.
Milán vivió durante el fin de semana enfrentamientos entre manifestantes y policía, además de saqueos. Cerca de 200 agentes resultaron heridos y los daños materiales rozan el millón de euros solo en la ciudad.
Varias marcas de lujo cerraron sus tiendas. Algunos comercios siguen sin abrir y otros retiraron sus escaparates y reforzaron la vigilancia.
Los datos oficiales indican que las fuerzas del orden detuvieron e identificaron a 330 personas. La mitad eran de origen extranjero.
En los últimos días han salido a la calle en toda Italia estudiantes de secundaria y de universidad, agricultores y camioneros. Protestan sobre todo por el aumento del coste de la vida.
Los incidentes de Milán se produjeron tras los graves disturbios en la vecina Francia, donde cientos de miles de personas se manifestaron.
El decreto ley entra en vigor de inmediato. El Parlamento italiano tiene 60 días para ratificarlo.
La norma crea un delito para quien forme parte de un grupo de al menos cinco personas que ponga en peligro la seguridad pública durante una protesta. La pena es de hasta cinco años de prisión y una multa máxima de 20.000 euros. Se agrava si se ocultan los rostros o hay heridos.
Las autoridades podrán ordenar una indemnización inmediata por los daños. Si los responsables son menores, deberán pagar sus padres.
La policía podrá detener a jóvenes de 14 a 17 años aunque no hayan cometido ningún delito, siempre que haya pruebas de que suponen un peligro. Hasta ahora esa facultad solo se aplicaba a adultos.
El Ejecutivo autorizó reforzar con 500 militares más la operación Calles Seguras. Desde 2008 mantiene a unos 5.000 efectivos del Ejército desplegados en puntos conflictivos del país.
El borrador del decreto atribuía de forma excepcional funciones policiales a los militares durante tres meses, incluida la posibilidad de detener. Según medios italianos, esa disposición se retiró por la oposición de Sergio Mattarella.
Meloni defendió el decreto en redes sociales. Afirmó que vandalizar y robar no es protesta, sino delincuencia, y que nada de eso tiene de revolucionario.
Italia afronta además una huelga de camioneros que arrancó el viernes contra el encarecimiento del combustible tras el estallido de la guerra en Oriente Medio. Ya hay escasez de productos frescos, como queso, fruta y verdura, en supermercados del sur.
El Gobierno anunció el martes que pagará unos 480 millones de euros en ayudas pendientes al sector. Lo hizo tras una reunión en la prefectura de Milán, encabezada por el viceprimer ministro y ministro de Transportes, Matteo Salvini, y el viceministro Edoardo Rixi.
La huelga, prevista hasta el martes, sigue en varias regiones del sur. Los transportistas mantendrán las protestas al menos hasta la próxima reunión con el Ejecutivo, convocada para el 27 de octubre.
Las autoridades temen más disturbios este sábado, cuando hay convocadas manifestaciones en Roma, Milán y otras zonas. Las impulsa el ‘Movimiento 17 de octubre’, un grupo juvenil surgido tras los altercados del centro de Milán.
El grupo ha anunciado movilizaciones permanentes hasta que caiga el Gobierno de Italia. Meloni dirige el país desde 2022 y afronta elecciones parlamentarias el próximo año, con la economía, la seguridad y la inmigración como temas centrales.