Guerra intestina por el poder en el ámbito penitenciario

“La falla de la reforma parcelaria consiste en que casi siempre se ocupa de la cárcel y casi nunca del preso. La reforma carcelaria procede como el crítico miope que frente al cuadro de Goya se conmueve con el sofá y se olvida de la maja desnuda.” — Jesús Zárate, La Cárcel, Premio Planeta 1972

Dentro de la serie de artículos que estoy escribiendo sobre los libros que tratan los asuntos carcelarios, me encontré con el volumen titulado Vigilancia Penitenciaria, que consiste en las ponencias que se expusieron en la VI Reunión de Jueces de Vigilancia Penitenciaria celebrada en Madrid, los días 21 a 23 de mayo de 1992.

En una de esas ponencias, en la del Magistrado Juez D. Ignacio Sánchez Yllera, por aquél entonces titular del Juzgado de Instrucción Nº6 de Zaragoza con funciones de Vigilancia Penitenciaria, me encontré con una explicación bastante acertada de lo que hoy en día sigue sucediendo en las cárceles.

Yo mismo he sido testigo de ello y lo he sufrido en mis carnes, pero no sabía, o no quería creer que fuera ésa la razón de lo que sucede, pero este Magistrado-Juez creo que acierta, y lo voy a intentar explicar.

Cuando un preso conflictivo, como por ejemplo está sucediendo en estos días con los etarras en el País Vasco, o algún asesino en serie o violadores, etc., sale de prisión, ya sea en tercer grado o en libertad condicional, la prensa se encarga enseguida de darle bombo y platillo.

La opinión pública, que no tiene opinión, ya que tan solo reproduce lo que dicen los medios, exige explicaciones. Y es ahí cuando viene la discusión. ¿Quién le ha autorizado a salir? ¿El juez de vigilancia penitenciaria? ¿La administración penitenciaria?

Nadie quiere tener esa responsabilidad, pero ninguno de los dos quiere soltar el poder de decidir si un preso, normalmente de su interés, sale o no sale en tercer grado o en libertad condicional. Y ello es así desde el primer día que se crearon los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y se le quitó a la administración de las cárceles el poder de decidir sobre esa cuestión.

“Lo novedoso del nacimiento de la jurisdicción de vigilancia penitenciaria es que suponía la judicialización de la ejecución de la pena privativa de libertad, superando así, la antigua y exclusiva competencia de la administración penitenciaria en esta materia y su insuficiente control jurisdiccional.”

No obstante, como vengo denunciando en todos mis escritos:

“La ausencia de experiencia previa, la falta de regulación procesal, la nueva especialización de los titulares de estos juzgados, el escasísimo número de estos, la confusa delimitación de sus funciones y la resistencia inicial y actual de la administración penitenciaria a que se ejerciera un efectivo control sobre sus decisiones, sintiéndolas más de las veces su actuación como una intromisión en sus competencias -se llegaron a plantear varios conflictos de competencias- ha provocado en su escasa andadura, no pocos enfrentamientos y tensiones, en la definición de la naturaleza y el ámbito de actuación de esta jurisdicción.”

Y es en este párrafo donde está la clave. A nadie le gusta que le quiten competencias, que le quiten poder, y la administración penitenciaria así lo ha demostrado y lo sigue demostrando.

El Gobierno Vasco está concediendo terceros grados y semilibertades a través del art. 100.2 del Reglamento Penitenciario a los etarras y a sus amiguetes, como miembros del PNV o de altos cargos de la Ertzantza. La jueza de Vigilancia Penitenciara de Bilbao, que tiene a su cargo las cárceles de todo el territorio autonómico, Dña. Ruth Alonso, como de la mano de sus amos los políticos vascos que hasta le conceden premios.

Sin embargo, cuando se trata de los etarras, el Juzgado competente es el de la Audiencia Nacional y éste les revoca los terceros grados y otros “privilegios” concedidos, no por amor a la justicia, no. Sino por cuestiones políticas. Hay que contentar a quien manda que quiere hacer ver al Gobierno Vasco que todavía tiene el poder.

En la siguiente junta de tratamiento, normalmente adelantada, se vuelve a repetir la jugada. Se le concede el tercer grado, y el juez de la Audiencia Nacional responsable de estas cuestiones, lo anulará o lo refrendará dependiendo de cuestiones políticas y de nada que tenga que ver con lo que dice la ley.

Tampoco depende mucho de las protestas de las asociaciones de víctimas, salvo que arrastren muchos miles de votos y eso no suele ser así. Ya vemos que no saben estar ni unidas. Se pelean por las subvenciones y por si dejan bien o mal a los políticos de turno. Nada más. Las víctimas les importan una mierda. Lo mismo que a los políticos.

Todo es una cuestión de cuota de poder. Quien lo ostenta no quiere ceder ni un ápice, y abusa de él hasta que se le pone freno. Así, una psicóloga de la cárcel de Martutene, que ha sido la directora del centro, se permite decir a los presos en sus charlas, que es una tontería e inutilidad contratar a un abogado privado para los recursos contra las decisiones de la administración penitenciaria.

Puede que hasta tenga razón. Contra la mafia carcelaria tan solo se puede luchar como lo hizo Eliott Ness contra el crimen organizado de Chicago durante la Ley Seca.

Alfonso Pazos Fernández