Griñán, el ajo y la alarma social

Dicen muchos extranjeros que nos visitan a millones cada año que España es un país que abusa del ajo en toda su variada gastronomía. Lo dicen después de ponerse morados en las tascas, bares y chiringuitos, quizá confundiendo el preciado bulbo con vaya usted a saber qué otro ingrediente en esos establecimientos donde, a menudo, su euforia veraniega los lleva a perder un mínimo y fiable paladar. Pero al menos, el ajo tiene la ventaja de que a quien le gusta lo pone en el guiso, y a quien no, simplemente lo descarta. Pero el ajo es ajo: aquí y en Birmingham, donde por cierto se llama garlic.

Me acordaba del ajo, de quita o pon, a cuenta de la suspensión del cumplimiento de la condena en prisión del expresidente andaluz Griñán, a quien el Tribunal Supremo consideró que debía cumplir 6 años de prisión (que ya sabemos que luego vienen los descuentos, rebajas y promociones), pero que cuya enfermedad ahora parece que no aconseja semejante encierro. Todo ello, porque se le consideró ser unos de los responsables del saqueo de más de 600 millones al erario público. No a unos accionistas privados, no. A usted y a mí, que también fuimos dueños de esos dineros gastados en cocaína y señoritas de alterne.

Considero un anacronismo la pena de prisión en la mayoría de los casos. Un sistema punitivo caduco, improductivo y que casi nunca consigue el fin de la reinserción o el arrepentimiento. Y por eso, la pérdida de libertad debería estar reservada solo para delincuentes manifiestamente peligrosos. Pero eso es lo que pienso yo, humildemente, y no es lo que dice la Ley.

Porque para mandar a una persona a prisión, los mismos jueces que ahora se apiadan de un señor que padece un tipo de cáncer (y que nadie desea más que su plena curación), suelen acudir al manoseado concepto de la «alarma social». Término por cierto del que son muy aficionados ciertos jueces estrella para justificar que un investigado (y por tanto inocente hasta ser condenado) pueda ser enviado al trullo por el rechazo y reprobación social, de las que sus Ilustrísimas Señorías se erigen inmediatamente como únicos e indiscutibles intérpretes. Que se lo digan a tantos presos preventivos, que sin perjuicio de su enfermedad o perfecta salud, acabaron en el chabolo debido a la escandalosa «alarma social» que su caso estaba produciendo en la sociedad española, en muchos casos fomentada por el propio aparato policial y judicial. Me bastaría citar a Rodrigo Rato, Díaz Ferrán, Bárcenas, Mario Conde, o tantos otros que en muchos de los casos resultarían absueltos o sobreseídos.

Hay que tener mucha afición al ajo (de quita y pon al gusto) o mucho desconocimiento de lo que existe en las cárceles españolas, para pretender ignorar que hay miles de presos que con enfermedades graves, y a veces terminales, cumplen sus estancias en prisión acudiendo puntualmente al exterior a recibir sus tratamientos. Y de los que nadie alza una voz, una queja o una reivindicación. Otros, quisiera pensar que los menos, mueren precisamente por no tener una atención adecuada debido a su reclusión.

Esa sí es la «alarma social» que realmente me escandaliza. La de un condenado en firme por favorecer el saqueo de cientos de millones de euros público al que se le aplica una alambicado y poco creíble tratamiento humanitario, convirtiéndole inmediatamente en el único enfermo de España, al que todo el sistema judicial vuelca su interesada magnanimidad.

Y como entre los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla debe haber a quienes les guste el ajo y a quienes no, han optado por olvidarse momentáneamente de su querida «alarma social», a la que acuden con excesiva facilidad en otros casos, y han ganado los detractores del tan españolísimo bulbo. O sea que esta vez sin ajo.

Y por cierto, al Sr. Griñán que no conozco, le deseo una pronta recuperación, al igual que al preso anónimo de la cárcel de Valdemoro que se arrastra todas las mañanas al furgón de la Guardia Civil para que le trasladen al hospital a recibir su tratamiento de cáncer.