La Abogacía del Estado recurre ante la sala la decisión de Ángel Luis Hurtado, el instructor de la causa judicial que se abrió contra el fiscal general
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) que anule por “manifiesta y notoria desproporción” la entrada y registro que se produjo en su despacho de la Fiscalía General del Estado en el marco de la causa abierta contra él por una presunta revelación de secretos.
Según publica El País y fuentes jurídicas EP han podido confirmar, la Abogacía del Estado recurre ante la sala esa decisión de Ángel Luis Hurtado, el instructor de la causa judicial que se abrió contra el fiscal general y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, tras la denuncia de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso.
Para los servicios jurídicos del Estado, consultados por la agencia de noticias, estas diligencias de entrada y registro, clonado, volcado e incautación de dispositivos de almacenamiento masivo “constituye seguramente el mayor perjuicio (el tiempo dirá si irreparable) que se ha causado a la Fiscalía General del Estado y a la fiscal jefe provincial de Madrid”.
Autorización para la aprehensión de los teléfonos móviles
Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa, autorizó el pasado 30 de octubre “la intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente, de cualquier tipo de material o soporte informático y telemático (incluida telefonía móvil) que haya podido ser empleado o que pudiera servir como indicios o pruebas” apuntan varios medios.
Se llegó a autorizar, incluso, la aprehensión de los teléfonos móviles de García Ortiz, “así como otros dispositivos informáticos/telemáticos que pudiera portar (tableta, portátil y otros)”. De la misma manera, dio luz verde al volcado de las cuentas de correo electrónico, perfiles en redes sociales u otros repositorios de información en Internet administrados por García Ortiz, además de “la información contenida en servidores”.
Aun así, el instructor fijó dos límites: uno sustantivo, que la información pueda tener relación con el delito de revelación de secretos investigado; y otro temporal, desde el ocho de marzo hasta el 30 de octubre. Este espacio temporal fue acotado de nuevo con posterioridad por el instructor, especificando que era del ocho al 14 de marzo.
Las fuentes consultadas por EP precisan ese mismo día que, al menos, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo el clonado completo de dos teléfonos móviles, una tableta y varios ordenadores.
Movimiento en favor de García Ortíz
El último movimiento de Abogacía del Estado se suma al que ya diera la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, cuando señaló en su recurso de apelación ante el TS del pasado cinco de noviembre contra los autos que autorizaban los registros efectuados en los despachos del fiscal general y la fiscal jefe provincial de Madrid que los mismos eran nulos porque no contenían “un relato de los hechos que se consideran delictivos”.
González Amador, recordemos, llevó el caso a los tribunales por una nota difundida el pasado 14 de marzo por la Fiscalía, donde se daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal del caso que se sigue en su contra por delitos fiscales para negociar un acuerdo.
Pero como apunta EP, el Supremo no apreció delito en la nota de prensa, sino que puso el foco en las filtraciones anteriores sobre esos emails a los medios de comunicación.