El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado, con los seis votos a favor de la mayoría progresista y los cuatro en contra de la minoría conservadora, la ley de amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del proceso independentista catalán que alcanzó su clímax con el 1-O, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
El Pleno ha resuelto así sin sorpresas el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, que atacaba todo el texto legal, tras cuatro jornadas -tres de deliberación y una de confirmación del borrador enmendado y votación- que han sumado poco más de 10 horas. A lo largo de la semana, los magistrados resolvieron que la Constitución no prohíbe las leyes de amnistía y que esta, en concreto, era válida.
Al inicio de los debates, descartaron igualmente plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que también está llamado a pronunciarse sobre la ley de amnistía ante las preguntas formuladas por otros tribunales españoles. De hecho, el próximo 15 de julio tiene previsto celebrar la primera vista.
La sentencia aprobada este jueves recoge en esencia la ponencia redactada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, que el presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, calificó de «excelente» en el arranque del Pleno monográfico.
Cabe recordar que se trata de la primera sentencia sobre la amnistía pero no la única. El Constitucional tiene pendientes más de una treintena de asuntos relativos a esta ley, que irá despejando a la vuelta del verano, ya que tras este fallo buscará un perfil bajo. Las fuentes consultadas calculan que el TC seguirá dictaminando sobre la norma hasta 2026.
Cuatro magistrados del bloque conservador del Tribunal Constitucional (TC) han avanzado en el Pleno monográfico en el que se ha avalado la ley de amnistía al ‘procés’ que anexarán a la sentencia los votos particulares en los que fijan su discrepancia con la decisión de la mayoría progresista, al considerar que la norma «es inconstitucional» y que el fallo de la corte de garantías no nace de una «deliberación colegiada genuina, sino de una resolución preconfigurada».
«No comparto ninguno de los argumentos ni, por supuesto, el fallo, de la sentencia recaída en el presente recurso de inconstitucionalidad», señala el magistrado Enrique Arnaldo en uno de los votos particulares, a los que ha tenido acceso Europa Press.
A su juicio, el recurso de los diputados del PP «debió ser estimado en su integridad, declarando la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la ley» de amnistía. Arnaldo considera que la norma es «inconstitucional en su conjunto, y lo es con toda evidencia para cualquier juez de la constitucionalidad».
El magistrado sostiene que la ley de amnistía va «frontalmente» contra «principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional: la seguridad jurídica, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la separación de poderes, la independencia del poder judicial y la exclusividad jurisdiccional, así como la propia supremacía de la Constitución, a la que están sujetos todos los poderes públicos y también, por consiguiente, las Cortes Generales».
Una de las claves de esta resolución está en el futuro del prófugo Puigdemont, que como explica Cristina Rubio en su crónica de El Mundo, sigue en un limbo legal y político, inmerso en una batalla judicial que se alarga casi ocho años desde que se fugara a Bélgica y que todavía continúa. El aval del Constitucional a la amnistía -aprobada hace ahora un año por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios como peaje a cambio de la investidura del socialista- no afecta de forma inmediata a la situación procesal del ex presidente de la Generalitat y líder de Junts. Y está el problema, porque para los independentistas resolver el futuro de Puigdemont e ve como una exigencia para mantener su apoyo el Gobierno.
Como explica Rubio, el dirigente prevé presentar un recurso de amparo y solicitar la suspensión cautelar de la orden nacional de detención. La primera deliberación del tribunal de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido votada este jueves 26 de junio no se pronuncia sobre el delito de malversación de caudales públicos por el que se encuentra procesado el ex presidente de la Generalitat después de que el Tribunal Supremo rechazara aplicar el olvido penal del procés. A día de hoy, el líder de Junts continúa fugado en suelo belga porque el instructor del Supremo, Pablo Llarena, mantiene en vigor la orden nacional de busca y captura contra él.
El expresidente del Gobierno Felipe González ha amenazado con no votar al PSOE ni a ningún partido que haya aprobado la ley de amnistía que este jueves avalará el Tribunal Constitucional (TC), asegurando que la norma es una «barrabasada» y una «vergüenza» para cualquier demócrata.
«Si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. No es perdonarlos, es pedirles perdón. Es el Estado el que se somete» ha dicho en una entrevista en ‘Más de uno’ de Onda Cero, que ha recogido Europa Press.
Preguntado sobre si está diciendo que no apoyaría en las urnas a los promotores de la amnistía, González ha confirmado que no, «ni el PSOE ni ningún partido que haya apoyado la ley de amnistía» contaría con su voto.
Eso sí, ha asegurado que ningún caso de plantea votar al PP, «entre otras cosas» porque no ve que «planteen un proyecto de país». «Veo a Feijóo haciendo figuras con Mazón o con el propio Abascal ayer», ha puesto como ejemplo para justificar su rechazo.