Feijóo busca in extremis impedir que el CGPJ nombre a sus dos magistrados para el Constitucional

El líder del PP alienta a los conservadores caducados a frustrar en el Pleno del 8 de septiembre el cumplimiento de la obligación constitucional de renovar el tribunal 

Es el final de la escapada.  

La exhortación del líder del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, al Gobierno de Pedro Sánchez para que renuncie a hacer los nombramientos de sustitución de los dos magistrados del Tribunal Constitucional caducados el 12 de junio pasado que le corresponde -Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez- como “condición” para levantar el bloqueo impuesto por el PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde el 4 de diciembre de 2018, ha sido un doble mensaje. Al mismo tiempo que ha instado al Gobierno a incumplir la Constitución, también es un SOS dirigido al sector conservador del Poder Judicial para bloquear el próximo 8 de septiembre la elección de los sustitutos de los otros dos magistrados con mandato vencido -Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol- que debe designar el CGPJ. 

Fuentes del CGPJ consultadas por El Periódico de Catalunya señalan que Feijóo ha lanzado el señuelo en un último intento de aplazar los cuatro nombramientos al TC porque ya sabe que el ultimátum del Gobierno -nombrar el 13 de septiembre por su cuenta los dos magistrados -y el hecho de que el CGPJ ya tiene competencia para designar a los suyos -vía modificación de la ley orgánica que permite hacer esos nombramientos-, le han dejado sin margen para intervenir. 

Hacer un “cambio de cromos”- aplazar los nombramientos en el TC ahora a cambio de reanudar las negociaciones para renovar el CGPJ-, como ha señalado la fuente consultada, es un intento de confundir a la opinión pública -y dar argumentario a la publicada-, sabiendo que el asunto ya no da para más. 

El gobierno debió concretar esos nombramientos el 12 de junio. Dado que el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, envió mensajes a La Moncloa, en el sentido de que si se realizaban los dos nombramientos sin los otros dos que correspondía elegir al CGPJ, él y sus aliados rechazarían la toma de posesión de los nuevos magistrados, el Gobierno decidió aplazar abandonar momentáneamente la designación. Eso ocurrió en plena campaña de las elecciones andaluzas. Pero el Gobierno decidió después aplazar modificar la ley orgánica para permitir al CGPJ realizar también sus dos nombramientos. 

No era, tampoco, un requisito insuperable un nombramiento unilateral de los dos miembros del TC. El propio González-Trevijano firmó una sentencia del tribunal de garantías en la que se contemplaba la renovación de magistrados por separado de las Cámaras, caso de que alguna no pudiese hacerlo. 

En esa sentencia de diciembre de 2016, se concluía: “La propuesta o designación de que tratamos es, para cada una de las Cámaras, un genuino poder-deber. Una potestad, sin duda, pero también, al tiempo, un deber ex Constitutione, [desde la Constitución] con términos trasladables aquí respecto de previsiones legales relativas a la renovación de este mismo Tribunal Constitucional”.  

Los magistrados, por unanimidad, contemplaban, como se aprecia en dicho párrafo, que la renovación de los cuatro magistrados cuyo mandato venció el 12 de junio de 2022 es un “poder-deber” según marca la Constitución y preveían que ello podría ocurrir en el TC. 

Por eso señalan que son “términos trasladables aquí respecto de las previsiones legales relativas a la renovación de este mismo Tribunal Constitucional”.  

Esa sentencia fue aprobada por unanimidad. Pero González-Trevijano, que la firmó, amenazó en estos últimos meses al Gobierno y a la ministra de Justicia, Pilar Llop, con no dar posesión a los dos magistrados si el Gobierno nombraba los suyos y el CGPJ no.

Y en este punto fue secundado por el presidente del Tribunal Supremo y CGPJ, Carlos Lesmes. Acto en los que los tres coincidían en Madrid, acto en el que ambos advirtieron a Llop que si el Gobierno hacía sus nombramientos sin que al tiempo el CGPJ hiciera loa suyos, la mayoría conservadora del TC, con González-Trevijano al frente, no daría posesión a los nuevos magistrados en un acto de rebelión.  

Exactamente lo contrario de lo que rubricó en diciembre de 2016. 

La incapacidad del Gobierno a la hora de realizar los nombramientos -en el contexto de las campañas electorales en Castilla y León y Andalucía- (lo que un miembro del CGPJ define como “no meterse en más líos”) envalentonó al PP en la estrategia de dilatar la renovación tanto del TC como del CGPJ. 

Pero el Gobierno, finalmente, modificó la ley orgánica que había aprobado en 2021 para prohibir hacer nuevos nombramientos a un CGPJ caducado, se dice pronto, desde el 4 de diciembre de 2018, y, por tanto, eliminó el pretexto planteado por González-Trevijano y Lesmes: a saber que los nombramientos del Gobierno y del CGPJ debían ser acompasados o un mismo acto.  

Ahora, con la competencia recuperada especialmente para nombrar los dos magistrados que le correspondía, el CGPJ está en condiciones de cumplir su obligación. 

Lesmes, por tanto, ya no podía mantener el argumento usado con la ministra Llop, según se ha señalado. La primera señal del alejamiento de Lesmes del sector conservador recalcitrante fue el plácet que impulsó para considerar idóneo al nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García, en el CGPJ, tras la renuncia de Dolores Delgado. Lesmes fue duro con los siete magistrados que hicieron un voto particular contra García.

Y, en privado, dijo sobre los nombramientos que ahora el CGPJ puede realizar para sustituir a los dos magistrados del TC caducados que no toleraría actos de “gamberrismo” por parte de un grupo de vocales.

En sociología, se usa el término encuadre (frame en inglés) para identificar los esquemas o marcos de interpretación que los individuos aplican en el entendimiento y explicación de los hechos.

Y cuando se trata de cuestionar la base de esos encuadres, vaya, determinada capacidad de encuadrar, se está contra la corriente de la socialización, es decir, de la experiencia de los individuos en sociedad. Y esa corriente en el caso del TC y del CGPJ, responde al encuadre de los medios de comunicación, quienes especialmente en los asuntos judiciales, que no son fáciles de comprender, reflejan al poder realmente existente. Que no es el Gobierno sino el PP y su poderío en el ámbito de la judicatura y magistratura. A lo sumo, ese esquema o encuadre puede llegar a admitir que la culpa del bloqueo es tanto del Gobierno como del PP.  Pero el punto de vista dominante es el del PP.

 La realidad es que Fejóo prometió alejarse de Pablo Casado en el tema del CGPJ nada más hacerse con el poder que le sirvió en bandeja el patinazo de Casado contra Isabel Díaz Ayuso. Pero desde entonces ha extendido el bloqueo iniciado por aquél desde noviembre de 2018, ocasión en la que no tuvo reparo alguno sobre el sistema de elección de los jueces tras firmar un pacto con Sánchez. 

 Ah amigo, es que entonces, según ese pacto el presidente del Supremo y CGPJ iba a ser Manuel Marchena, nombramiento cuyo significado de acuerdo con el texto elaborado por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y transcrito en un watsapp enviado por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, aos miembros de su bancada, decía que se trataba de “un presidente gran jurista con muchísima experiencia en el Supremo, que prestigiará el TS y el CGPJ, que falta le hace, con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0…. Y, además, controlando la Sala Segunda desde detrás”, en referencia a la Sala lo Penal, competente para enjuiciar los casos que afectan a aforados, y “presidiendo la Sala del 61”, encargada de asuntos como la ilegalización de partidos. Entonces, claro, el sistema de elección de los jueces – por cierto, aprobado por Mariano Rajoy- no era malo.