La escalada del precio de la energía provocada por la guerra en Oriente Próximo está obligando a varios gobiernos europeos a reaccionar con medidas de emergencia. Países como Portugal, Hungría, Croacia o Eslovenia ya han aprobado rebajas fiscales o límites al precio de los carburantes para frenar el impacto en los consumidores.
En cambio, las grandes economías del continente, como España, Francia y Alemania, prefieren por ahora esperar y observar la evolución de los precios antes de intervenir. Aunque se mantienen vigilantes ante posibles subidas abusivas en las gasolineras, ninguno de estos gobiernos ha anunciado medidas concretas hasta el momento. Italia es el único de los grandes países que ha insinuado una posible respuesta.
Portugal fue uno de los primeros en actuar. El Gobierno luso aprobó una reducción temporal del impuesto especial sobre los carburantes para el diésel, lo que supondrá un descuento de unos 3,55 céntimos por litro, que en términos reales alcanzará los 4,37 céntimos. Según el Ejecutivo portugués, sin esta medida el precio del gasóleo habría aumentado más de 23 céntimos desde principios de semana.
Croacia también reaccionó rápidamente fijando precios máximos durante dos semanas. El primer ministro, Andrej Plenković, anunció que el diésel no podrá venderse por encima de 1,55 euros por litro y que la gasolina básica tendrá un límite de 1,50 euros por litro para proteger a los conductores frente a las subidas.
En Europa central, Hungría ha seguido una estrategia similar. El gobierno de Viktor Orbán estableció topes de 595 florines por litro para la gasolina y 615 florines para el diésel en vehículos matriculados en el país. Eslovenia también ha fijado límites temporales: la gasolina no podrá superar los 1,466 euros por litro y el diésel los 1,528 euros.
Entre las grandes economías europeas, Italia estudia reducir los impuestos específicos sobre los carburantes utilizando el aumento de recaudación del IVA provocado por la subida de precios. Sin embargo, el alcance de esta posible medida aún no se ha concretado.
Mientras tanto, España, Francia y Alemania mantienen una postura de prudencia. El Gobierno español descarta por ahora nuevas ayudas pese a las presiones políticas, aunque la CNMC vigila los precios de las 12.000 gasolineras del país. Francia ha optado por intensificar las inspecciones para evitar abusos y Alemania se limita a crear un grupo de trabajo que supervise la evolución del mercado energético.