La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha dado un giro significativo en el proceso judicial contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según un documento oficial firmado por el fiscal Jay Clayton, el organismo ha autorizado que el Gobierno de Venezuela utilice fondos estatales para costear la defensa legal de la pareja, actualmente encarcelada en territorio estadounidense bajo cargos de narcotráfico.
Esta decisión modifica las restricciones previas que prohibían el uso de capital venezolano para este fin, bajo el argumento de que violaba las sanciones impuestas al país caribeño. Las nuevas licencias establecen condiciones estrictas: los pagos deben realizarse con fondos que el Gobierno de Venezuela tenga disponibles con fecha posterior al 5 de marzo de 2026 y no pueden provenir de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros.
El cambio de postura de las autoridades estadounidenses llega tras las quejas de los abogados defensores, quienes alegaban que impedir el pago vulneraba el derecho a un juicio justo de sus clientes. En una audiencia el pasado marzo, el juez Alvin Hellerstein ya había cuestionado la negativa de la fiscalía, señalando la contradicción de mantener relaciones comerciales con Venezuela mientras se bloqueaban los fondos para este proceso legal específico.
Según explica el documento oficial dirigido al tribunal, «las licencias enmendadas autorizan a los abogados de la defensa a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones». Ante esta resolución, los representantes de Maduro y Flores han decidido retirar sus mociones para desestimar el caso, considerando que los obstáculos financieros que impedían una defensa adecuada han quedado resueltos por el momento.
Nicolás Maduro y Cilia Flores se encuentran detenidos en Nueva York desde el pasado 3 de enero, tras ser capturados en una polémica incursión militar estadounidense que resultó en más de cien fallecidos. Ambos han mantenido su declaración de inocencia frente a los cargos de conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico internacional.
Con este nuevo escenario, la defensa podrá operar con recursos estatales venezolanos durante el juicio, eliminando uno de los principales puntos de fricción entre los acusados y el sistema judicial norteamericano. No obstante, los abogados han dejado la puerta abierta a volver a presentar quejas ante el juez Hellerstein si en el futuro surgieran problemas similares con la transferencia de los honorarios.