‘Estado de Conmoción Exterior’ en la dictadura de Nicolás Maduro

No hay soberanía en un país donde el hambre mata niños, la represión encarcela periodistas, la justicia es un títere y las instituciones maniatadas del estado son postradas ante el narcotráfico y el terrorismo internacional

El concepto de Estado de Conmoción Exterior, una modalidad de Estado de Excepción, contemplada en diversas legislaciones para enfrentar amenazas externas que comprometan la seguridad nacional, se ha convertido en una herramienta potencialmente manipulable en contextos donde el Estado de Derecho ha sido desmantelado.

En Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, hablar de un Estado de Conmoción exterior resulta no solo redundante, sino profundamente irónico, dado que los derechos fundamentales de los ciudadanos —libertad de expresión, propiedad, libre tránsito— han sido sistemáticamente vulnerados durante años, sin necesidad de un decreto formal que los suspenda.

Un Estado de Derecho desmantelado

En Venezuela, el régimen de Maduro ha consolidado un sistema de control autoritario que opera como un estado de excepción permanente, sin necesidad de invocarlo explícitamente.

La libertad de prensa ha sido asfixiada: decenas de periódicos, estaciones de radio y canales de televisión han sido clausurados o confiscados, mientras periodistas languidecen en prisión por el simple acto de informar.

La persecución de la disidencia política es una práctica cotidiana, con partidos políticos judicializados, detenciones arbitrarias, torturas y un sistema judicial en donde desfila un elenco de Fiscales, Jueces, Magistrados y Defensores Públicos que no son tales, sino marionetas subordinadas al poder ejecutivo.

En este contexto, un supuesto Estado de Conmoción Exterior no sería más que una formalidad para justificar lo que ya es una realidad: un régimen que reprime cualquier voz crítica para perpetuarse en el poder, tal como lo acaban de exponer con lujo de detalles en su sexto informe, expuesto ante el Consejo de Derecho Humanos de la ONU, los integrantes de la Misión Independente de determinación de los Hechos ocurridos en Venezuela entre julio de 2024 y septiembre de 2025.

La «conmoción» real: una tragedia humanitaria

La verdadera conmoción en Venezuela no proviene de una amenaza externa, sino de una crisis humanitaria compleja que ha devastado a la población. Millones de niños están fuera del sistema escolar, acusando desnutrición y condenados a un futuro sin oportunidades. Los trabajadores, atrapados en la precariedad del empleo informal, luchan por sobrevivir en una economía colapsada, donde el salario mínimo no alcanza para cubrir necesidades básicas, y fustigados a la vez por una altísima inflación.

Los servicios públicos, como electricidad, agua y salud, están en ruinas, castigando diariamente a las familias venezolanas. Este escenario no es el resultado de una conspiración extranjera, como Maduro insiste en proclamar, sino de políticas deliberadas que han destruido el tejido social y económico del país.

La soberanía perdida

Maduro justifica sus acciones invocando una supuesta defensa de la soberanía nacional frente a «los gringos» o potencias extranjeras. Sin embargo, la soberanía que Simón Bolívar, José Antonio Páez y el Negro Primero conquistaron en la Batalla de Carabobo (24 de junio de 1821) fue rendida y entregada, no por efecto de una invasión externa, sino por la subordinación del régimen chavista a intereses foráneos, particularmente a Fidel Castro, el caudillo de Cuba.

Desde los tiempos de Hugo Chávez, el país ha cedido control sobre sectores estratégicos, como el petróleo, servicios de identificación y la seguridad, a sus aliados extranjeros, mientras la población sufre las consecuencias de esta traición disfrazada de patriotismo.

Medidas y decretos autoritarios en Venezuela:

Estas acciones responden a un mecanismo de uso recurrente, tanto por Hugo Chávez y radicalizadas por Maduro. Siempre con el mismo parloteo con que han sido presentadas como «defensas de la soberanía» o «respuestas a emergencias», pero en realidad sirven para someter al pueblo venezolano, erosionar el Estado de Derecho y distraer de la crisis humanitaria que ellos mismos han provocado.

A lo largo de más de dos décadas, ambos dictadores han utilizado decretos, leyes habilitantes y estados de excepción no para proteger a la nación, sino para engañar a los ciudadanos con narrativas de «guerra económica» o «imperialismo», mientras consolidan un poder que asfixia libertades y profundiza la miseria.

Hugo Chávez, desde sus primeros años en el poder, recurrió a las «Leyes Habilitantes», para gobernar por decreto sin control parlamentario, un mecanismo constitucional que él manipuló para legislar a su antojo. En 2001, obtuvo su primera habilitante para reformar más de 49 leyes en materia económica y social, incluyendo expropiaciones masivas de tierras y empresas privadas bajo la excusa de «justicia social» Esto sentó las bases para un modelo rentista petrolero insostenible, donde el Estado controlaba todo, desde la distribución de alimentos hasta los medios de producción, generando escasez crónica y dependencia total del petróleo.

Maduro heredó y amplió esta táctica. En 2013, apenas asumiendo el cargo, solicitó y obtuvo una «Ley Habilitante» para «combatir la corrupción y arreglar la economía», pero la usó para nacionalizar industrias y restringir importaciones, exacerbando la hiperinflación que hoy supera el 1.600% anual en proyecciones. En 2015, ante la pérdida de mayoría en la Asamblea Nacional, Maduro dictó la «Ley Habilitante Antiimperialista para la Paz», alegando amenazas de EE.UU., lo que le permitió decretar estados de excepción en zonas fronterizas para perseguir opositores y abusar de detenciones arbitrarias. Seguidamente declararon en «desacato» a la legitima Asamblea Nacional. Estas leyes no resuelven crisis; las perpetúan, engañando al pueblo con promesas de «soberanía» mientras el régimen acumula poder sin rendir cuentas.

*Por su interés reproducimos este artículo de Antonio Ledezma publicado en Diario Las Américas.