El Derecho moderno se sustenta en el principio de que la ley debe ser aplicada de forma objetiva, racional y predecible. Sin embargo, dos fenómenos —uno histórico y otro de actualidad— ponen en crisis esta fundación, demostrando cómo la falta de conocimiento y la arbitrariedad erosionan la seguridad jurídica: la ley del encaje y la presunta violación generalizada del principio iura novit curia.
La ley del encaje es una expresión acuñada en el ámbito jurídico-literario (inmortalizada por Miguel de Cervantes en el Quijote) que describe peyorativamente el juicio o dictamen arbitrario que un juez emite basándose exclusivamente en lo que ha «encajado en su mente» o en su personal convencimiento, prescindiendo de la ley escrita y las pruebas.
No se trata de una ley formal, sino de una metáfora para la decisión judicial caprichosa. En esencia, constituye una forma de prevaricación o de falta de sujeción al ordenamiento jurídico, donde el juzgador impone su criterio personal por encima del deber de aplicar la norma. Es la máxima crítica a la justicia: aquella que se imparte no por la fuerza de la ley, sino por la autoridad desnuda del magistrado.
El aforismo latino iura novit curia, que se traduce como «el juez conoce el derecho», es un pilar fundamental del Derecho Procesal. Implica que el juez es el experto en Derecho y tiene el deber de encontrar, interpretar y aplicar las normas correctas a los hechos que las partes le presentan. No obstante, la realidad judicial contemporánea sugiere que este principio se ha convertido, en muchos despachos, en una «utopía vacía de contenido».
La exigencia de que el juez conozca todo el Derecho se enfrenta a una realidad inmanejable: la hipertrofia legislativa. Las leyes se multiplican, las regulaciones se superponen y la jurisprudencia evoluciona a un ritmo vertiginoso. La cantidad de normas (leyes, reglamentos, tratados internacionales) es tal que el conocimiento exhaustivo se hace humanamente imposible, lo que genera una brecha de ignorancia que el juez debe llenar, generalmente con su juicio improvisado.
La «epidemia» de jueces que desconocen el Derecho no es solo una falla individual, sino un problema sistémico alimentado por diversas circunstancias reales:
La ley del encaje y la violación del iura novit curia están intrínsecamente ligadas, pues el desconocimiento es el principal catalizador de la arbitrariedad:
Cuando el juez ignora la norma, su poder discrecional deja de ser un espacio de razonabilidad para convertirse en un riesgo de despotismo. La sentencia sin un fundamento jurídico sólido es, en esencia, una sentencia dictada por la mera autoridad de quien la emite, no por la fuerza del Derecho.
La consecuencia más grave del vaciamiento del iura novit curia es la inseguridad jurídica. Si los fallos judiciales no son predecibles y dependen del nivel de conocimiento o del capricho personal del juez de turno, los ciudadanos y las empresas pierden la capacidad de planificar sus acciones con base en la ley. Esto debilita el Estado de Derecho y fomenta la desconfianza institucional.
Para restaurar la credibilidad, es imperativo exigir una judicatura que no solo sea ética y justa, sino profundamente competente. El camino a seguir implica necesariamente una mayor especialización, una reducción de la carga procesal y una formación continua rigurosa y pertinente. Solo un juez que verdaderamente conoce la ley puede evitar la tentación o la necesidad de «encajar» su propia voluntad en la sentencia.
«El único antídoto contra la ley del encaje es un juez cuya mente no esté vacía de Derecho, sino llena de la jurisprudencia que juró defender. En la técnica reside la garantía contra el despotismo.»
Crisanto Gregorio León – Profesor Universitario