España se consolida como el cuarto país de la UE con mayor pobreza energética

La imposibilidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar, tanto en invierno como en verano, podría tener un impacto directo en la salud

España se sitúa como el cuarto país de la Unión Europea con mayor índice de pobreza energética, solo por detrás de Lituania, Grecia y Bulgaria. De acuerdo con los últimos datos de la Comisión Europea, en 2024 más del 17% de los hogares españoles no pudo mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno. Aunque esta cifra supone una reducción de seis puntos respecto a 2023, continúa siendo muy elevada si se compara con 2008, cuando el problema afectaba a alrededor del 6% de los hogares, lo que evidencia que en poco más de una década la pobreza energética casi se ha triplicado.

Situaciones que viven día a día muchos españoles ejemplifican lo que las organizaciones sociales denominan “pobreza energética escondida”. Según explica María De Laiglesia, responsable de medio ambiente de Cruz Roja, se trata de personas que, pese a tener empleo y una vida aparentemente estable, no disponen de ingresos suficientes para cubrir todos los gastos básicos. Ante esta realidad, muchas familias optan por reducir al máximo su consumo energético, renunciando a la calefacción, utilizando una iluminación insuficiente o limitando el uso de electrodomésticos.

Laiglesia subraya que la pobreza energética va más allá de la simple dificultad para pagar las facturas. La imposibilidad de mantener temperaturas adecuadas en el hogar, tanto en invierno como en verano, “tiene un impacto directo en la salud”. El frío extremo o el calor excesivo, advierte, “pueden agravar enfermedades crónicas y empeorar la calidad de vida de las personas más vulnerables”.

Emergencia social

A pesar de la ligera mejora registrada en los últimos datos, la pobreza energética continúa siendo una emergencia social de gran magnitud. Según Eurostat, este problema afecta actualmente a unos 8,5 millones de personas en España, lo que refleja la persistencia de una situación estructural que no se resuelve únicamente con descensos puntuales en las estadísticas.

En este contexto, el Gobierno mantiene pendientes varias medidas clave. Entre ellas, la aprobación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 y la prórroga del bono social eléctrico, que deberá ser validada por el Congreso durante este mes de enero. Las organizaciones sociales insisten en que estas decisiones son urgentes para proteger a los hogares más vulnerables y evitar que el problema siga cronificándose.