España bajo la lupa judicial: Podemos denuncia la venta de armas a Israel

La resolución de este procedimiento podría tener repercusiones políticas y económicas, especialmente en la relación de España con Israel

Un juzgado de Instrucción de Madrid ha abierto diligencias previas después de que Podemos presentara una denuncia contra el Ministerio de Economía. La formación acusa al Gobierno de un presunto delito de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva. Según Podemos, el Ejecutivo no habría detenido el comercio de armas con Israel, pese a lo que consideran un «genocidio» en Palestina.

La denuncia se registró en septiembre, y la jueza ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie al respecto. Pablo Fernández, portavoz de Podemos, ha calificado la situación como una «complicidad impune» con lo que denomina «Estado terrorista de Israel». Fernández ha insistido en que el Gobierno está obligado a detener el comercio de armas y a impedir su tránsito por España cuando el destino sea Israel. Según él, esta obligación no se está cumpliendo.

La formación política sostiene que esta inacción es deliberada. En febrero de 2024, Podemos solicitó la revocación de todas las autorizaciones de venta de armamento y pidió la suspensión inmediata del comercio armamentístico. A su juicio, la falta de respuesta del Ministerio equivale a un silencio administrativo positivo. Además, recuerdan que entre octubre de 2023 y abril de 2025, el Ejecutivo continuó formalizando contratos con empresas israelíes por un valor total de 1.041 millones de euros, según apunta Europa Press.

Reclamo de justicia y responsabilidad política

Pablo Fernández ha insistido en que esperan que la justicia «llegue hasta el final». Según él, debe poner fin a una complicidad que, hasta ahora, permanece intacta. «Si esa complicidad no termina por la voluntad política de este Gobierno, esperemos que sea la Justicia la que le obligue a hacerlo», ha declarado.

Podemos denuncia que estas ventas de armamento contribuyen directamente al conflicto en Palestina y responsabiliza al Ministerio de Economía de permitirlas por omisión. La formación considera que la legalidad y la ética obligan al Gobierno a intervenir de manera inmediata.

El caso pone de relieve la tensión entre política y justicia en un asunto sensible y controvertido. Mientras el Ejecutivo se mantiene en silencio, Podemos busca que los tribunales determinen responsabilidades. La resolución de este procedimiento podría tener repercusiones políticas y económicas, especialmente en la relación de España con Israel y en el control de la venta de armas a nivel internacional.

En definitiva, la denuncia de Podemos no solo cuestiona decisiones ministeriales, sino que también llama la atención sobre la obligación del Estado de supervisar y regular el comercio de armas. La justicia tendrá la última palabra.