ERC propone retirar la firma del Rey de los títulos universitarios oficiales

La iniciativa republicana busca reforzar la autonomía universitaria, ampliar derechos estudiantiles y eliminar lo que considera formalismos simbólicos sin base constitucional expresa

El debate sobre el papel simbólico de la monarquía en las instituciones públicas vuelve a abrirse. El Grupo Parlamentario Republicano ha registrado en el Congreso una enmienda para modificar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) con un objetivo claro: eliminar la firma del Rey en los títulos universitarios oficiales.

La propuesta no se limita a un gesto formal. Desde ERC defienden que la universidad debe avanzar hacia una mayor autonomía institucional, desligada de lo que consideran “tutelas simbólicas”. Según argumentan, no existe una obligación constitucional que imponga que los títulos académicos se expidan en nombre del jefe del Estado. Al tratarse de una previsión recogida en la legislación ordinaria, sostienen que puede modificarse sin alterar el marco constitucional.

La diputada Etna Estrems ha insistido en que la universidad debe regirse por criterios estrictamente académicos y no incorporar formalismos que, a su juicio, no tienen una base constitucional expresa. Para el grupo republicano, esta reforma sería coherente con una visión de la educación superior más plural y centrada en el conocimiento.

Más autonomía, pluralismo y refuerzo del sistema público

La enmienda forma parte de un paquete más amplio de propuestas que buscan redefinir distintos aspectos del sistema universitario. ERC plantea reforzar la autonomía universitaria, ampliar derechos del estudiantado y fortalecer la investigación pública.

En el ámbito lingüístico, la formación propone garantizar que tanto la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) como las agencias autonómicas inscritas en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR) acepten documentación en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado durante los procesos de evaluación y acreditación. El objetivo es evitar posibles desigualdades derivadas del uso de lenguas cooficiales y asegurar un trato equitativo, según Europa Press.

Otro de los puntos relevantes es el reconocimiento explícito del derecho del Consejo de Estudiantes a convocar paro académico, reforzando así la participación democrática dentro de las universidades. ERC considera que el estudiantado debe tener un papel activo en la gobernanza universitaria y contar con herramientas formales para expresar sus reivindicaciones.

En materia de investigación, la propuesta incluye eliminar el límite a la tasa de reposición en los centros públicos. De esta manera, las administraciones podrían ajustar la oferta de plazas a sus necesidades reales y a su situación financiera, con la intención de aportar mayor estabilidad y planificación al sistema científico.

Más allá del debate sobre la firma del monarca, la iniciativa refleja una visión de la universidad como espacio autónomo, plural y orientado al servicio de la sociedad. La discusión parlamentaria determinará ahora si estas propuestas prosperan. Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre tradición institucional y modernización académica vuelve a situarse en el centro de la agenda política.