La puesta en escena del gobierno actual siempre prefiere cuidar la imagen en la televisión antes que arreglar los problemas reales que la gente sufre todos los días en la calle. El reciente baño de masas que se dio el partido oficialista en sus mítines deja a la vista una contradicción que clama al cielo: un pabellón lleno de gente aplaudiendo con los ojos cerrados a políticos cuestionados, mientras los vecinos sufren el desastre diario del transporte de trenes. Los ciudadanos que madrugan para ir a trabajar se topan con retrasos insoportables que les arruinan el día y les quitan las ganas de todo. Intentar tapar el enfado de la calle con discursos bonitos demuestra lo lejos que están los políticos de las necesidades de la gente humilde. La manipulación de los discursos oficiales busca cambiar los fracasos de gestión por supuestos actos de dignidad política. Sin embargo, el vecino común tiene los ojos bien abiertos y sabe distinguir un bienestar real de la propaganda barata.
Los portavoces del partido quieren hacernos creer que las últimas dimisiones de los ministros son gestos llenos de honradez y de una profunda sensibilidad hacia los ciudadanos. Pero la lógica del poder nos enseña que estas salidas corriendo son simples jugadas de defensa para que el escándalo no salpique más arriba antes de tiempo. Cuando la presión de los papeles notariales o las denuncias sobre favores a empresarios ricos entran por la puerta de los despachos presidenciales, la renuncia es la mejor salida para salvar los votos de las próximas elecciones. Los ceses de los ministros disfrazados de honor ocultan pactos oscuros por dinero y juergas pagadas a cambio de contratos millonarios a dedo. La supuesta limpieza moral de este gobierno se cae al suelo por completo cuando descubrimos que las decisiones importantes se toman pensando solo en salvar el propio pellejo. El pueblo asiste al espectáculo de ver cómo guardan los dossiers hasta que no les queda otra que soltarlos.
Es un auténtico escándalo ver cómo, mientras el sistema de vías y andenes se cae a pedazos, los jefes de las instituciones públicas se aseguran de blindar sus propios intereses económicos. Justo antes de dejar sus puestos por culpa de las investigaciones y los escándalos de corrupción, los altos cargos firman subidas de sueldo y primas por un rendimiento que nadie ve por ningún lado. Esta forma de actuar es una bofetada directa al sentido común de los madrileños que pagan los trenes con el sudor de su frente y sus impuestos. Los encargados de gestionar los transportes se marchan a sus casas con los bolsillos llenos de dinero público tras demostrar que son unos incompetentes. Resulta intolerable premiar con los fondos de todos a quienes llevan los servicios directos a una parálisis total de forma continua. Gastar los recursos comunes en premiar el fracaso de los amigos demuestra que las prioridades de los de arriba no tienen nada que ver con la seguridad del ciudadano.
El panorama se vuelve todavía más ridículo cuando vemos a ministros del propio gobierno animando a la gente a salir a la calle a protestar en huelgas en mitad de la campaña electoral. Que las mismas autoridades que tienen el poder para cambiar las leyes y mejorar los contratos actúen como manifestantes de la oposición es reírse de la democracia y del pueblo llano. Quienes tienen en su mano la solución para la vivienda cara y los sueldos de miseria se van a la calle a protestar contra lo que ellos mismos han hecho. Este juego político busca echarle la culpa a enemigos invisibles para intentar ganarse el voto de los jóvenes que sufren la falta de oportunidades. Utilizar las herramientas del Estado para calentar huelgas con fines partidistas ensucia el cargo público y rompe la confianza de la gente en las instituciones. El bombero que se viste de manifestante solo quiere que nadie le mire la cara por su mala gestión.
La fosa que separa el escenario donde hablan los políticos del andén donde el pueblo espera soluciones se hace cada vez más grande e imposible de cerrar. El descontento de la calle no se va a quitar trayendo autobuses llenos de simpatizantes pagados por el partido para que aplaudan en los pabellones vacíos. La decencia real de un gobernante se demuestra ante los jueces y logrando que los servicios públicos que usa el pueblo funcionen a la perfección. El ciudadano de a pie exige un respeto total a su inteligencia y una limpieza absoluta en el uso de cada euro público. Cuando el gobierno intenta esconder las sospechas de los juzgados detrás de palabras solemnes, la prensa independiente tiene la obligación moral de destapar la mentira. La fuerza de un político no se mide por la cantidad de aplausos que le den sus fieles en un mitin, sino por cumplir la ley y ser honesto con los ciudadanos.
Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario