Entonces Venezuela es el botín

«La orfandad de una nación herida no se remedia entregando sus llaves al corsario que aguarda en la orilla»

La doctrina del derecho internacional público y el ordenamiento multilateral de las Naciones Unidas conciben un marco riguroso para la salvaguarda de aquellos Estados cuyas estructuras internas sufren una erosión sistémica. El principio de soberanía y la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P), ratificada unánimemente en la Cumbre Mundial de la ONU de 2005, junto con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Estados en situación de alta vulnerabilidad y los criterios de fragilidad del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), establecen con absoluta precisión que la comunidad internacional asume el deber moral y convencional de resguardar a las poblaciones de aquellos territorios sumidos en una indefensión fáctica extrema.

Bajo esta normativa, un sujeto de derecho internacional en estado de postración institucional es objeto de asistencia humanitaria, cooperación y restitución de su equilibrio, quedando estrictamente prohibido el aprovechamiento de su fragilidad por potencias externas. Sin embargo, la cruda realidad geopolítica contemporánea demuestra que esta condición de vulnerabilidad crítica es percibida por liderazgos foráneos carentes de ética como el escenario idóneo para ejecutar un despojo a gran escala, tergiversando el espíritu del auxilio internacional para viabilizar la apropiación de las reservas estratégicas de una república indefensa.

El proceder de la administración norteamericana respecto al suelo venezolano encarna con exactitud esta lógica criminal de aprovechamiento y degradación del derecho internacional público. Las declaraciones de Donald Trump al confesar abiertamente que su propósito real es colapsar al país para quedarse con todo su petróleo desnudan de golpe la desfachatez de una política exterior que se mercadea falsamente bajo el ropaje del rescate civil y el restablecimiento institucional.

Aquella pretensión de un vecino poderoso que interviene con intenciones ordenadoras y sanadoras naufraga ante el peso de una ambición estrictamente mercantil y corporativa. Al proclamar que las riquezas del subsuelo constituyen el pago obligatorio por sus despliegues de coacción, el liderazgo estadounidense traiciona las legítimas expectativas de un pueblo exhausto.

La sociedad civil venezolana, en medio de su profunda desesperación, jamás imagina que el pretendido salvador opera con la misma rapacidad de un pirata del siglo dieciocho, transformando la promesa de rescate en una estafa geopolítica transnacional.

La supuesta promesa de ayuda, cooperación y humanidad por parte de la administración estadounidense constituye una absoluta falsedad y una cínica hipocresía; todo este despliegue representa en realidad una descarada acción de saqueo de las riquezas de un país especialmente vulnerable, emulando la conducta aberrante de un vecino fuerte que, tras ser llamado para auxiliar a una mujer agredida por un esposo déspota, viola a la víctima, le quita sus bienes y luego pacta con los familiares del maltratador para prolongar el sometimiento. 

Esta analogía descarna la vergüenza histórica de una política exterior que pisotea el concepto de protección internacional para saciar un apetito corporativo en complicidad absoluta con los destructores internos de la república. ¡Quién iba a pensar que este Donald Trump es un coño de su madre y un grandísimo hijo de puta!, un actor político desprovisto del más elemental sentido de la humanidad que utiliza de manera utilitaria el dolor de una sociedad civil extenuada para saquear sus reservas energéticas.

Al igual que en las ficciones más sombrías de la literatura latinoamericana —donde la inocencia es subastada por los propios parientes al mejor postor—, la nación venezolana asiste al espectáculo dantesco de ver su porvenir entregado en despachos extranjeros.

Esta entrega del patrimonio nacional no ocurre en el vacío, sino que se ejecuta mediante la convivencia abierta con los operadores que controlan el aparato fáctico del territorio. La articulación de intereses entre Donald Trump, Marco Rubio y los hermanos Rodríguez expone la claudicación moral de una dirigencia ilegítima que jamás ha contado con la validación del voto del pueblo en elecciones libres.

Delcy y Jorge Rodríguez representan el núcleo duro de un poder usurpador que utiliza las mesas de diálogo y las conversaciones estériles como una herramienta perversa para ganar tiempo y perpetuarse en el control de las instituciones. Esta pasividad calculada de los actores foráneos no responde a un error de cálculo diplomático, sino a una estrategia coordinada que otorga oxígeno y vigencia a una cúpula destructora.

Al dilatar deliberadamente las soluciones de fondo, el liderazgo extranjero convalida la permanencia de un régimen opresor, demostrando que el objetivo principal de la intervención norteamericana nunca es el rescate civil, sino la partición del subsuelo venezolano.

El quebrantamiento de los principios de autodeterminación sume al territorio en una dinámica de postración económica insostenible para el ciudadano común, quien sobrelleva el peso de una tiranía interna y una codicia exterior que se alimentan mutuamente. La destrucción sistemática de las condiciones de vida en Venezuela se manifiesta en salarios miserables, maltrato institucional continuo y una corrupción generalizada que penetra todos los niveles de la administración pública.

Mientras los centros urbanos padecen el colapso absoluto de los servicios básicos, la falta de energía elemental y la miseria, las riquezas del país se diluyen en pactos oscuros diseñados para mantener el statu quo de los opresores. Este esquema de despojo consentido no busca la estabilización democrática ni el progreso social de la nación, sino asegurar el usufructo exclusivo de un botín energético. La población queda atrapada en una arquitectura de opresión generalizada que anula cualquier posibilidad de desarrollo autónomo, destruyendo la tranquilidad republicana.

El enojo legítimo que embarga a la ciudadanía frente a este ultraje debe consolidarse como una denuncia firme ante los foros internacionales para declarar la nulidad de cada acuerdo suscrito bajo coacción o traición. La expoliación de los recursos energéticos venezolanos bajo el pretexto del botín militar sienta un precedente nefasto en el derecho internacional público, donde la fuerza bruta pretende sustituir definitivamente los canales diplomáticos y los tratados soberanos.

La reconstrucción del porvenir nacional pasa necesariamente por el desconocimiento de estos pactos infames y por el firme restablecimiento de la soberanía sobre un patrimonio que ningún actor foráneo ni socio local tiene el derecho de confiscar. La dignidad de una república no se negocia ni se entrega a las pretensiones de potencias transnacionales que actúan en detrimento de los derechos humanos y de la soberanía económica de los pueblos debilitados.

«La verdadera soberanía reside en la memoria inquebrantable de un pueblo que rehúsa normalizar el despojo de su propio porvenir».