El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a situar el foco político y jurídico en el llamado procés al anular la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont. La sentencia, conocida este jueves, no entra a valorar el fondo del caso penal, pero sí cuestiona de forma clara cómo se tramitó la retirada de esa protección parlamentaria, subrayando la importancia de la imparcialidad institucional en los procedimientos europeos.
El fallo también afecta a los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín, que, al igual que Puigdemont, obtuvieron escaño en la anterior legislatura europea. Aunque la decisión no tendrá consecuencias prácticas inmediatas para el expresidente catalán —al no haber sido elegido eurodiputado en los últimos comicios—, sí supone un revés institucional para la Eurocámara y un precedente relevante sobre las garantías procesales dentro de la Unión.
El núcleo de la sentencia no gira en torno a la culpabilidad o inocencia de los afectados, sino a un principio básico del derecho europeo: el derecho a una buena administración. El TJUE considera que la designación del ponente encargado de los suplicatorios, el eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki, pudo generar una apariencia razonable de falta de imparcialidad.
Dzhambazki pertenecía al grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, el mismo en el que se integra Vox, formación que había impulsado acciones judiciales contra los eurodiputados catalanes. Para el Alto Tribunal, este vínculo político no puede considerarse irrelevante, ya que pone en cuestión la neutralidad del procedimiento. En este sentido, el TJUE reprocha al Tribunal General —que en primera instancia avaló la retirada de la inmunidad— haber minimizado este elemento al evaluar la legalidad de la decisión, según Europa Press.
Aunque la sentencia no modifica la situación judicial actual de Puigdemont, su alcance va más allá del caso concreto. El TJUE recuerda que las formas importan, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales y el funcionamiento correcto de las instituciones europeas. La imparcialidad no solo debe existir, sino también percibirse, para preservar la confianza de la ciudadanía en el sistema.
Desde el punto de vista político, el fallo refuerza el discurso de quienes denuncian una instrumentalización de los procedimientos parlamentarios, mientras que, a nivel jurídico, establece un aviso claro: los procesos de retirada de inmunidad deben extremar las garantías para evitar cualquier sombra de parcialidad.
En definitiva, la decisión del Tribunal de Justicia no cierra el conflicto, pero sí introduce un matiz clave en el debate europeo: el respeto escrupuloso a las reglas es tan importante como las decisiones que se adoptan.