El terrorismo justifica mentir según el juez García-Castellón, que acaba de enviar un informe “apócrifo” a Suiza sobre Tsunami

1 de marzo de 2024
5 minutos de lectura
El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont | EP

Un jurista suizo pregunta: ¿no existe ningún organismo en España que se ocupe de la deontología que deben observar los jueces?

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva cinco años y tres caducado, desde el 31 de octubre de 2017. A pesar de ello, el sector conservador pide recuperar la capacidad para hacer nombramientos porque como sigue con la mayoría, producto del bloqueo de la renovación, desearía seguir seleccionando a jueces y magistrados como hacía su presidente anterior, Carlos Lesmes.

Ahora bien, no puede hacerlos, pero está habilitado para hacer muchas otras funciones, entre las cuales está vigilar el buen funcionamiento del sistema judicial y la disciplina.

El juez Manuel García-Castellón acude a menudo al CGPJ para solicitar amparo. Y consigue la solidaridad de la mayoría conservadora y no pocas veces la del conjunto del CGPJ.

Ahora bien, cuando a su vez cruza las líneas rojas del sentido común -y de la deontología exigible, claro- el CGPJ y su comisión disciplinaria no existen.

El pasado 6 de octubre de 2023, el juez fue invitado por el diario La Región a dar una conferencia en un almuerzo celebrado en Ourense. El diario le entrevistó un día antes y le preguntó por la ley de amnistía. El juez se abstuvo de opinar. El día de su comparecencia ante la pregunta de un comensal dijo que “la Constitución no prohíbe la amnistía, pero tampoco prohíbe la esclavitud”.

Esta respuesta circuló por las redes sociales.

Pero unos meses más tarde, la periodista Silvia Intxaurrondo escuchó la comparecencia al completo.

Y llegó a la parte final en la que, por iniciativa propia, el juez García Castellón hizo una confidencia a los invitados. Recordó que Francia se resistía a colaborar con España en la lucha contra el terrorismo de ETA.

Dijo: “Quería contar una anécdota que resume lo que estoy contando”.

Y he aquí el relato.

“Había una firma que se iba a hacer en Málaga un acuerdo entre [José María] Aznar y el primer ministro francés, [Jean-Pierre] Raffarin”, recordó, “un intercambio inmediato de información”.

“Tuvimos -prosiguió- una reunión en la escuela judicial de Burdeos con las partes francesa y española. Nos dijeron ‘no’, que el intercambio de información inmediato era imposible de darnos porque implicaba hacer públicos datos procesales y por lo tanto no se podía dar”, explicó.

Ante esto, García-Castellón expresó públicamente lo impotente que se sentía: “La situación era horrible. Tuvimos muchas muertes anualmente, con las extorsiones y todo”. Para intentar desbloquearlo, el juez aprovechó el interés de las autoridades francesas en detener a Yvan Colonna [terrorista corso fallecido en 2022], buscado por la muerte del prefecto Claude Érignac, para engañarlas y hacerles creer que se encontraba en el sur de España.

“Colonna era el hombre más buscado de Francia y estaba desaparecido. Habían pasado casi cuatro años. En ese ambiente tenso, cuando ves que no te lo dan, después de ocho horas en una sala de reuniones, se me ocurrió una mentira. Dije ‘Está bien, pero Colonna está ubicado en España’. Cuando lo arrestemos, no les daremos la información’.

“Después de eso, los negociadores franceses pidieron más tiempo, salieron de la sala de reuniones y, cuando regresaron, acordaron firmar el acuerdo. Lo firmaron en Málaga, pero no cumplieron. O cumplieron cuando quisieron. Esa es la realidad. Tan triste como eso”, dijo.

Lo cierto es que el mecanismo que se acordó crear en la cumbre franco-española de Málaga, en noviembre de 2002, era el de “denuncia oficial” para permitir las entregas rápidas sin pérdida de tiempo. A través de la denuncia oficial. un país renuncia a juzgar a un imputado cuando éste tiene una causa pendiente en otro, en el que el delito que se le imputa es mayor.

En 2007, en base a este sistema Francia entregó a España los etarras Asier Larrinaga y Garikoitz Etxeberria.

Estos días a raíz de la decisión de la Office Federal de la Justice (OFJ), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Policía suiza, de exigir más datos al juez García-Castellón sobre la causa del Tsunami Democràtic ha tenido lugar un incidente sugerente.

El juez había utilizado el mecanismo de cooperación judicial internacional (comisión rogatoria) para solicitar las autoridades suizas la localización domiciliaria de la dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en Ginebra. Michel Schöll, director de la OFC, respondió que ya en 2019 -cuando era subdirector- se había denegado -al juez de refuerzo del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal- cuestionó la cooperación sobre el caso Tsunami porque el delito no aparecía claramente definido y tenía un perfil político, asunto que Suiza vigila especialmente. Ahora la OFJ mantenía interrumpida la colaboración hasta obtener más información, preguntaba al juez por la amnistía que se tramita en España y le señalaba al juez que podía conseguir esa localización por la simple vía de la cooperación policial simplificada.

En rigor, si de verdad el juez pretendía la localización eso estaba hecho. Bastaba con dirigirse al Tribunal Supremo, a pocas calles de la Audiencia Nacional, para preguntar. Porque Marta Rovira está personada en la causa que se sigue contra ella por el procés.

El juez se ha sentido humillado y ha respondido sin pérdida de tiempo en un escrito en la que pone de relieve la discriminación de las autoridades helvéticas y la necesidad de cumplir los tratados internacionales en materia de terrorismo que Suiza y España han firmado.

Pero para revestirse de mayor autoridad, García-Castellón ha incorporado a su cruzada un informe de la junta de fiscales de la sección primera de lo Penal del Tribunal Supremo en la que se defiende la imputación de Carles Puigdemont, eurodiputado, y de Rubén Wagensberg, diputado del Parlament.

Pero he aquí que ese informe, que no lleva firma, es un informe preliminar elevado a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, quien como superior jerárquica se hizo cargo de informar a la Sala de Admisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo qué se debía hacer con la propuesta del juez de imputar a Puidegmont y Wagensberg. En otros términos, García-Castellón hizo pasar la posición de un estamento inferior -la junta de fiscales de la sección primera- como la posición oficial de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Es decir: gato por liebre.

El fiscal Miguel Ángel Carballo ha recurrido el escrito del juez enviado a Berna, sede de la OFJ, porque estima que el documento que ha cursado es “apócrifo” y no consta que haya llegado al sumario de la Audiencia Nacional desde el Supremo por la vía reglamentaria.

Un jurista suizo consultado por este periódico señala que el juez García-Castellón tiene motivo en sentirse humillado, pero no le asiste la razón. “Es que es muy difícil, al 99%, que la OFJ cuestione o ponga pegas a un país. No lo hace nunca. Eso es verdad. Pero en este tema dos jueces de la Audiencia Nacional se dan con la misma piedra. Tienen que explicar el delito de terrorismo. Y no pueden encajar en una comisión rogatoria una solicitud aparentemente inofensiva de localización domiciliaria”, dijo.

En todo caso, como pregunta el jurista que prefiere no ser citado: ¿no hay nadie allí que vele por la rectitud de lo que hacen los jueces?

En los estupendos despachos de la calle del Marqués de la Ensenada de Madrid, sede del CGPJ, funcionarios haberlos, como las meigas, haylos, pero no ven ni escuchan cuando no les interesa.

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