El Tribunal Constitucional (TC) dará inicio a su año judicial abordando los recursos presentados por Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, para evitar un nuevo juicio por el caso Bateragune, y por Alberto Rodríguez, ex diputado de Podemos, quien busca anular la condena del Tribunal Supremo (TS) que le costó su escaño. Además, se espera que admita un recurso del PSOE contra la reforma del PP en el Senado que busca dilatar la ley de amnistía.
Uno de los casos cruciales será el recurso de Otegi, analizado en base a una ponencia del magistrado progresista Juan Carlos Campos, que propone amparar al líder de Bildu argumentando que repetir el juicio por el caso Bateragune infringiría el principio de non bis in idem, al vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva. Fuentes jurídicas sugieren que el borrador de sentencia, con apoyo mayoritario progresista, podría permitir a Otegi reclamar una indemnización al Estado al declarar vulnerados sus derechos fundamentales.
En 2020, el TS anuló la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que condenó a Otegi por pertenencia a organización terrorista. La decisión del TS siguió el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que consideró que la AN vulneró el artículo 6.1 del Convenio Europeo. Este señalaba el «temor legítimo» de los acusados a la falta de imparcialidad del tribunal, destacando la presencia de la magistrada Ángela Murillo, apartada previamente por supuesta falta de imparcialidad en otro caso relacionado con Otegi.
En paralelo, el TC resolverá el caso de Alberto Rodríguez, que lleva más de dos años pendiente. La ponencia de la magistrada progresista María Luisa Segoviano propone amparar al exdirigente de Podemos, no por desproporción de la condena, sino por considerar que el TS vulneró el principio de legalidad penal al imponer la inhabilitación para el sufragio pasivo como pena accesoria de la multa impuesta.
Rodríguez fue condenado por el TS a un mes y quince días de prisión, sustituida por una multa. Segoviano argumenta que la operación jurídica de sustituir la pena de cárcel por una multa invalidó la inhabilitación, que resultó en la pérdida del escaño. Rodríguez también presentó un segundo recurso contra la decisión de la presidenta del Congreso de retirarle el escaño, dejando el TC el fallo sobre este segundo asunto para una fecha posterior.
Adicionalmente, el TC estudiará la ponencia de Campo que respalda admitir a trámite el recurso de más de 50 senadores socialistas contra la reforma de los artículos 133 y 182 del Reglamento del Senado, impulsada por el PP. La reforma busca retrasar la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía. La mayoría progresista del TC podría respaldar la impugnación socialista, quedando el fallo sobre el fondo del asunto pendiente.
Finalmente, el TC abordará el recurso del PP contra la decisión de Meritxell Batet de no reclamar el informe del Consejo de Estado sobre la concesión de ayudas de los fondos europeos. La ponencia redactada por la magistrada progresista Laura Díez propone rechazar la impugnación, argumentando que Batet no estaba obligada a solicitar documentación adicional al votar la convalidación del decreto-ley.