El Supremo suspende el voto a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

El Gobierno rechaza la decisión cautelar, que solo excluye a quienes acrediten exilio familiar

El Tribunal Supremo ha suspendido de forma cautelar el voto de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’. La medida afecta a quienes ya figuran en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El Gobierno ha rechazado públicamente esta decisión del alto tribunal.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo adoptó la resolución antes de conocerse su contenido oficial. La suspensión afecta a los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse.

El tribunal estimó así las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa. Ambas formaciones habían pedido frenar el efecto electoral de estas nacionalizaciones. Solo quedan excluidos quienes acrediten que sus familiares sufrieron exilio.

Las nuevas inscripciones afectadas por la ‘ley de nietos’ también quedarán suspendidas. Esto ocurrirá una vez finalice su tramitación administrativa. La medida se mantendrá vigente hasta que se dicte sentencia definitiva en el procedimiento.

El rechazo del Gobierno

El Ejecutivo se desmarcó rápidamente de la decisión judicial. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, expresó su desacuerdo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra ocupa además la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Saiz explicó que la resolución contradice tanto al Gobierno como a la Junta Electoral Central. Según dijo, «no compartimos esta decisión contraria al criterio del Gobierno y también al de la Junta Electoral Central (JEC)». Remarcó así que dos instituciones distintas discrepan del fallo.

La ministra insistió en su confianza en la independencia judicial pese a la discrepancia. «Confiamos en la imparcialidad de la justicia en el Estado de Derecho», señaló. Añadió que esa imparcialidad resulta «imprescindible» para el funcionamiento democrático.

Un litigio que continúa abierto

La suspensión cautelar no cierra el debate sobre esta ley de nacionalidad. El procedimiento judicial seguirá su curso hasta que se dicte una sentencia firme. Hasta entonces, los efectos electorales de estas nacionalizaciones permanecerán congelados.

La confrontación entre el Supremo y el Ejecutivo añade tensión institucional al caso. La Junta Electoral Central había mantenido un criterio distinto al del alto tribunal. El desenlace final dependerá de la resolución que se dicte sobre el fondo del asunto.