El Supremo remite a los juzgados de Madrid la denuncia de García Ortiz sobre la filtración del informe de la UCO

La decisión contrapone la solicitud del magistrado, quien pidió excluir los mensajes privados que se encontrasen fuera de los hechos investigados

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido trasladar a los juzgados de Madrid las quejas formuladas por este último en relación con la presunta filtración de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Dicho documento está vinculado al registro efectuado en el despacho de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y ha generado controversia por incluir mensajes privados no relacionados con los hechos investigados.

En una providencia reciente, recogida por Europa Press, el instructor del caso, Ángel Hurtado, ha resuelto remitir estas quejas a los juzgados de Plaza de Castilla. La decisión implica denegar la solicitud de García Ortiz de ordenar a la UCO que excluya de sus informes cualquier referencia a mensajes privados que se encuentren fuera del ámbito de los hechos objeto de investigación. Hurtado sostiene que no corresponde al Tribunal Supremo dictar instrucciones de este tipo a una unidad de la Guardia Civil, especialmente cuando se trata de una entidad «tan especializada y reconocida».

El magistrado ha manifestado que, si bien el derecho del fiscal general a cuestionar el contenido del informe es legítimo, no encuentra base suficiente para reprochar el trabajo llevado a cabo por la UCO. Este posicionamiento refuerza la autonomía técnica y profesional de la unidad en sus labores periciales, aunque deja abierta la posibilidad de que las partes interesadas planteen objeciones en el marco procesal adecuado.

La cuestión sobre las filtraciones del informe se suma a la ya de por sí delicada situación del fiscal general, objeto de una investigación judicial que ha atraído considerable atención mediática. El envío del caso a los juzgados madrileños indica que serán ellos quienes determinen si las filtraciones constituyen una vulneración de derechos o suponen alguna irregularidad en el procedimiento.