El Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma cautelar el real decreto del Gobierno que permite la regularización extraordinaria de migrantes. La decisión llega tras la solicitud presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
Según el documento judicial, los magistrados consideran que “no existen motivos de urgencia suficientes” para paralizar la medida de inmediato. Por ello, han optado por seguir el procedimiento ordinario y conceder un plazo de diez días al Ejecutivo para responder.
El decreto, publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado, busca regularizar a unas 500.000 personas extranjeras y ya ha entrado en vigor. Desde ahora, los interesados pueden comenzar a presentar sus solicitudes.
En paralelo, el Supremo ha requerido al Ministerio de la Presidencia que, en el “improrrogable plazo” de 20 días, remita el expediente administrativo. El alto tribunal ha admitido además a trámite el recurso presentado por la asociación Hazte Oír contra esta medida.
Los recurrentes sostienen que el decreto “excede los límites legales” y “altera de forma estructural la política migratoria del Estado”. También advierten de que “producirá efectos directos” sobre ámbitos clave, incluidos “los valores constitucionales” y “la defensa de la familia”.