Un grupo significativo de jueces de instrucción de Madrid ha decidido alzar la voz ante lo que consideran una situación preocupante para la independencia judicial. Los magistrados destinados en los juzgados de Plaza de Castilla han convocado una reunión de urgencia en apoyo al juez Peinado, en medio de la polémica generada por las críticas procedentes del Gobierno.
La iniciativa ha partido de 38 jueces, que han invitado al resto de sus compañeros —hasta un total de 51— a sumarse a este acto. Todo apunta a que, tras la reunión, emitirán un comunicado conjunto en defensa del magistrado, marcando así una posición clara frente a lo que consideran descalificaciones públicas que afectan al ejercicio de su labor.
La convocatoria supone un hecho poco habitual. Según diversas fuentes, es la primera vez que los jueces de instrucción de Madrid se movilizan de esta manera frente a un Gobierno, denunciando una posible vulneración del principio de separación de poderes.
El respaldo se produce en un momento especialmente delicado, tras la decisión del juez Peinado de cerrar la instrucción y llevar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La investigación, que se ha prolongado durante dos años, ha generado un intenso debate político y mediático.
No todos dentro del ámbito judicial comparten la forma de esta protesta. La decana de los jueces, María Jesús del Barco, ha expresado su desacuerdo con la convocatoria. Sin embargo, la reunión sigue adelante, impulsada por magistrados que consideran necesario defender la legitimidad de las resoluciones judiciales frente a ataques externos.
El contexto que ha llevado a esta reacción está marcado por declaraciones de miembros del Gobierno. El ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a calificar al juez de “prevaricador”, mientras que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, afirmó que algunos jueces sienten “vergüenza” por la actuación del magistrado.
Estas afirmaciones han sido interpretadas por parte de la judicatura como un ataque directo a la independencia judicial, lo que ha intensificado el malestar dentro del colectivo. Algunos magistrados consideran que este tipo de declaraciones contribuyen a erosionar la confianza en las instituciones.
La investigación judicial también ha estado rodeada de controversia por los delitos que el juez atribuye en el procedimiento, entre ellos tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida, en un caso que sigue generando gran repercusión pública.
Entre los impulsores de la reunión destaca el magistrado Marcelino Sexmero, quien, junto a otros compañeros, ha promovido esta iniciativa como una forma de mostrar unidad frente a lo que consideran una presión inadecuada.