El Tribunal Supremo inicia 2026 con varios frentes judiciales de gran relevancia, entre los que destaca el futuro juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. Aunque el juicio aún no tiene fecha, el procedimiento avanza tras la confirmación de su procesamiento, según recoge Europa Press.
La Sala de Apelación del alto tribunal avaló en diciembre la decisión del instructor Leopoldo Puente de enviar a juicio a Ábalos y Koldo, ambos en prisión provisional desde el 27 de noviembre. Los magistrados rechazaron los recursos presentados por las defensas al considerar que existe un “robusto arsenal indiciario” y que las peticiones buscaban retrasar el enjuiciamiento.
En el ámbito de las penas solicitadas, la Fiscalía reclama 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, elevan la petición hasta 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, igualando en el caso del empresario la solicitud del Ministerio Público.
Además del caso de las mascarillas, Ábalos afronta otra investigación en el Supremo dentro del denominado caso Koldo, centrada en una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública. En esta pieza también figuran como investigados Koldo García y el exdirigente socialista Santos Cerdán, mientras el instructor espera nuevos informes de la UCO de la Guardia Civil.
Otro de los asuntos relevantes es el que afecta al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, investigado en varias causas que incluyen presunta financiación irregular de su partido, difusión de una PCR falsa de Salvador Illa y acoso a una fiscal. El Supremo continúa tramitando los suplicatorios al Parlamento Europeo y ha citado a varios querellantes, mientras ofrece al eurodiputado declarar voluntariamente.
Por último, el Tribunal Constitucional tiene pendientes decisiones clave, como los recursos de los condenados del procés contra la negativa del Supremo a amnistiar la malversación. Entre ellos figuran Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, en un contexto institucional marcado también por la renovación del propio TC y el posible recurso del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz contra su reciente condena.