El Supremo decidirá el próximo jueves si Ábalos y Koldo entran en prisión

Las acusaciones populares adelantan que pedirán prisión preventiva para ambos por riesgo de fuga

El Tribunal Supremo ha convocado para el jueves 27 de noviembre una vista decisiva en el marco del caso Koldo, citando tanto al exministro José Luis Ábalos como a su exasesor Koldo García. El objetivo de la sesión es determinar si se mantienen las medidas cautelares actuales o si, como solicitan la Fiscalía y varias acusaciones populares, ambos deben ingresar en prisión provisional.

El magistrado Leopoldo Puente ha ordenado que los investigados comparezcan personalmente en la sede judicial, acompañados de sus respectivos abogados. Ábalos ha sido citado a las 10:00 horas y García una hora más tarde, reflejando la importancia procesal que el tribunal atribuye a estas declaraciones antes de adoptar una decisión definitiva.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene una acusación severa, con penas que superan los 20 años de prisión para ambos implicados por supuestas irregularidades en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia. Con ese horizonte penal, el Ministerio Público considera necesaria la vista para revisar la situación de libertad de los investigados y valorar un posible endurecimiento de las medidas.

Delitos que se les atribuyen

Los delitos atribuidos incluyen organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En el caso de Ábalos se suma además el uso de información privilegiada, por lo que la Fiscalía solicita diversas penas que acumuladas superan ampliamente los 20 años de cárcel, junto con una multa de 3,7 millones de euros por el perjuicio económico causado.

Para Koldo García, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, reclama un total de 19 años y medio de prisión, además de una multa de igual cuantía por los beneficios obtenidos mediante información privilegiada. También se reclama que ambos indemnicen a las empresas públicas Ineco y Tragsatec, y se decomisen más de 430.000 euros vinculados al cohecho.

El empresario Víctor de Aldama, otro de los implicados, se enfrenta a una petición de siete años de cárcel y multa, aunque con la atenuante de confesión tras haber aportado información relevante a los tribunales. Mientras las acusaciones populares adelantan que pedirán prisión preventiva para Ábalos y García por riesgo de fuga, la Fiscalía aún no ha concretado qué medidas cautelares solicitará tras la vista en el Supremo.