El Supremo cita como demandados al ministerio de Bolaños y al INE por los efectos electorales de la Ley de Nietos

El Alto Tribunal amplía el frente judicial y exige a la Junta Electoral Central el expediente completo antes de la vista del 7 de septiembre

El Tribunal Supremo ha ampliado el litigio iniciado por Iustitia Europa contra los posibles efectos electorales de la denominada Ley de Nietos. La Sala Tercera ha admitido formalmente como partes demandadas al Ministerio de la Presidencia, dirigido por Félix Bolaños, y al Instituto Nacional de Estadística (INE), que se suman a la Junta Electoral Central.

El conflicto gira en torno a la incorporación al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de nuevos electores que obtuvieron la nacionalidad española mediante la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Iustitia Europa cuestiona especialmente cómo se acredita la identidad de estos ciudadanos, cómo se tramita su inscripción y con qué criterios se les asigna un municipio y una circunscripción electoral.

El Supremo también ha admitido a trámite un segundo recurso presentado por una asociación, que será tramitado mediante el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. Además, el tribunal ha requerido a la Junta Electoral Central que entregue el expediente administrativo completo en un plazo máximo de cinco días.

Iustitia Europa defenderá el próximo 7 de septiembre, a las 10:00 horas, la suspensión cautelar de los efectos electorales que atribuye a las altas derivadas de la Ley de Nietos. La vista será oral y pública y enfrentará al partido con la Junta Electoral Central, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el INE.

La formación sostiene que el principal problema es la falta de transparencia sobre el recorrido administrativo de los nuevos electores hasta su incorporación al CERA. Su presidente, Luis María Pardo, reclama conocer cuántos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática han pasado posteriormente al censo de residentes ausentes y bajo qué criterios se les ha asignado una circunscripción. El Supremo deberá ahora determinar el alcance de estas cuestiones y el funcionamiento del procedimiento censal.