HazteOír querella al delegado del Gobierno en Ceuta

La asociación imputa a Miguel Ángel Pérez Triano delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio imprudente por la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, que dejó decenas de fallecidos

La Asociación HazteOír.org ha presentado una querella contra Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, por su actuación —o inacción, según sostiene la querellante— antes, durante y después de la entrada masiva de inmigrantes que sacudió la ciudad autónoma entre el 30 y el 31 de julio pasados. El escrito, registrado ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta (Plaza n.º 6), se persona como acusación popular en las Diligencias Previas 473/2026, incoadas por auto de 1 de septiembre, y pide que se cite al delegado para declarar como investigado.

La acción, dirigida por el letrado Javier María Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna, imputa al querellado cuatro grupos de delitos: prevaricación administrativa, incluso en su modalidad omisiva (artículo 404 del Código Penal); omisión del deber de perseguir delitos (artículo 408); denegación de auxilio (artículo 412); y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión (artículos 142, 152 y 11).

Una crisis anunciada

Según relata la querella, la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio, que excluyó el rechazo en frontera para quienes acceden a nado, disparó las entradas irregulares: de una veintena diarias a más de doscientas en los días previos al 30 de julio. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, con capacidad para 512 personas, llegó a albergar unas 1.700, con un millar durmiendo en los alrededores.

El escrito sostiene que el Centro Nacional de Inteligencia venía advirtiendo desde enero de la presión migratoria y que, desde el 9 de julio, remitió avisos operativos más concretos que llegaron al personal de la Delegación del Gobierno. El 27 de julio, el presidente de la Ciudad Autónoma trasladó su alarma a la Presidencia del Gobierno, donde —según las fuentes recogidas en la querella— se le restó importancia. Al día siguiente pidió la declaración de emergencia nacional; se le respondió que había que estudiar su legalidad, y el 29 se le comunicó que no era jurídicamente posible.

Ese mismo miércoles 29, el aviso dejó de ser genérico: el CNI alertó de que unas 180.000 personas seguían en redes sociales la convocatoria «Todos a Ceuta» para cruzar la frontera al día siguiente, con un riesgo estimado de superar las 100.000 entradas.

La entrada masiva y la orden de «no intervenir»

Durante la jornada del 30 de julio y la madrugada del 31, decenas de miles de personas cruzaron a nado la frontera: entre 50.000 y 80.000 según las distintas cifras oficiales citadas en el escrito. La querella denuncia que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía recibieron la instrucción de no intervenir salvo en situaciones de vida o muerte, limitándose a «dejarse ver». El despliegue militar solicitado ese mismo día no se materializó hasta más de veinticuatro horas después.

El balance de fallecidos varió notablemente según la fuente y el momento: la Delegación del Gobierno comunicó inicialmente al menos nueve muertos; los juzgados de Ceuta llegaron a gestionar noventa y seis, y la organización Caminando Fronteras elevó la cifra a 141 el 5 de agosto.

En las semanas siguientes, según el relato de la querella, la seguridad ciudadana se deterioró: las denuncias diarias a la Policía se multiplicaron por diez, la Fiscalía General del Estado contabilizó una veintena de agresiones sexuales, y a finales de agosto se sucedieron incidentes violentos —emboscadas a patrullas militares, ataques con líquido corrosivo, quema de asentamientos— sin que, sostiene la querellante, se activara un dispositivo preventivo eficaz.

Versiones contradictorias

El escrito subraya lo que considera contradicciones del delegado: en una entrevista del 5 de agosto afirmó no haber recibido ningún aviso previo y calificó lo sucedido de «completamente inesperado», mientras que el 1 de septiembre reivindicó haber comunicado «de forma constante y por escrito» a Madrid el aumento de la presión migratoria. Para la querellante, ambas versiones resultan incompatibles.

El procedimiento

La querella se dirige formalmente contra Pérez Triano y, de manera genérica, contra cuantas otras autoridades resulten responsables conforme avance la instrucción. HazteOír.org solicita, entre otras diligencias, la declaración del querellado como investigado, la remisión de la documentación interna de la Delegación del Gobierno, el Ministerio del Interior y el CNI, así como las testificales del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas Lara, y de mandos policiales y militares desplegados durante la crisis.

El escrito precisa que este procedimiento es distinto —aunque conexo— al que instruye la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (Plaza n.º 3) en las Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado 64/2026, centrado en el eventual carácter concertado y transfronterizo de la entrada masiva. En aquella causa, HazteOír.org ya está personada como acusación popular desde el 3 de agosto