El PSOE y Unidas Podemos proponen un nuevo delito de enriquecimiento ilícito que no influye en la malversación

Para el nuevo ilícito plantean penas de entre seis meses y tres años de cárcel para cargos públicos que hasta cinco años después de abandonar su puesto aumenten su patrimonio en más de 250.000 euros sin justificación

El PSOE y Unidas Podemos han propuesto este viernes un nuevo delito de «enriquecimiento ilícito» que no influye en el delito de malversación que ha propuesto modificar Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), aprovechando la finalización del plazo del presentación de enmiendas (a las 18:00) sobre la reforma del Código Penal que derogará el delito de sedición y lo modificará por el desórdenes públicos agravados.

Según ha anunciado el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso Patxi López, el objetivo de los socios de Gobierno es castigar con entre seis meses y tres años de cárcel, así como con inhabilitación de entre dos y siete años a los cargos públicos que hasta cinco años después de abandonar su puesto aumenten su patrimonio en más de 250.000 euros y no lo puedan justificar.

Así, han registrado una enmienda en este sentido a la proposición de ley que impulsaron junto con Unidas Podemos hace unas semanas. López ha insistido en que esta enmienda no tiene que ver con el delito de malversación que ERC propone retocar durante la tramitación de esta iniciativa y que tampoco tendrá ningún efecto sobre los condenados por el ‘caso ERE’ de Andalucía, que ha condenado a varios antiguos dirigentes del PSOE como los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

De este modo, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados ha reiterado que no han negociado este asunto con los republicanos y ha puesto de relieve que el Partido Socialista, como el propio Código Penal «distingue» entre «corrupción y malversación».

En este contexto, ha indicado que hablarán con los de Gabriel Rufián cuando conozcan sus propuestas y, en cualquier caso, ha recalcado que los socialistas no aceptarán «ningún retroceso» en la lucha contra la corrupción y que «cualquier uso irregular o arbitrario de los fondos públicos tiene que estar penado».