El PSOE opina que es “muy forzado” que Puigdemont se presente como candidato a la Generalitat

Los socialistas consideran que los plazos de aplicación de la amnistía le impedirían presentarse en Cataluña, pero no descartan su presencia como eurodiputado

El PSOE no ve claro que el expresidente catalán y dirigente de Junts, Carles Puigdemont, vaya a presentarse como candidato a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña del 12 de mayo.

Desde Ferraz ven “muy forzado” pensar que estará ya amnistiado para tomar posesión del acta, dado que la Ley todavía debe superar ciertos plazos hasta entrar en vigor antes de su aplicación. A su juicio, es más factible que vuelva a ser cabeza de lista para las europeas.

Los socialistas admiten que, tras el adelanto electoral en Cataluña, ahora se abre un nuevo escenario con el que no contaban y tendrán que variar su hoja de ruta inicial, que pasaba por aprobar la Ley de Amnistía, a continuación sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2024 y asegurar así la viabilidad de la legislatura.

Todo ha cambiado después de que el presidente catalán Pere Aragonès haya sido incapaz de sacar adelante los presupuestos autonómicos y acto seguido convocase elecciones anticipadas el 12 de mayo. Todavía está en el aire que Puigdemont vaya a presentarse como candidato, aunque en Junts no descartan esa posibilidad.

Sin embargo, fuentes de la dirección del PSOE no terminan de ver esa opción y consideran mucho más viable que Puigdemont se presente a las elecciones europeas y vuelva a ocupar un escaño como eurodiputado en el Parlamento de Estrasburgo.

La ley no estará en vigor hasta dos semanas después de las urnas

Para que el dirigente independentista pudiera tomar posesión de su escaño o incluso ser nombrado de nuevo presidente del Govern de la Generalitat, primero debe ser beneficiado por la Ley de Amnistía, que este jueves acaba de ser aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados, pero que todavía debe superar varios pasos.

Ahora la norma continúa su tramitación en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y previsiblemente retrasará la norma todo lo posible, y por tanto la amnistía permanecerá en la Cámara Alta alrededor de dos meses. Después volverá al Congreso para su aprobación definitiva y entrada en vigor, que no se calcula antes de finales del mes de mayo, dos semanas después de celebrados los comicios catalanes.

Pero, además, una vez finalizado el trámite parlamentario la responsabilidad pasa a los jueces, que deben aplicar la ley y dejar sin efecto todas las causas judiciales relacionadas con el proceso independentista en Cataluña.

Y hay que tener en cuenta que, conforme a la legislación europea y al decreto ley convalidado el pasado 30 de enero, si un juez presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por dudas sobre la Ley de Amnistía, todo el procedimiento quedará en suspenso.

Por tanto, con este calendario por delante y las incógnitas que presenta el proceso, dirigentes socialistas ven forzado que Puigdemont pueda llegar a tiempo, libre de toda carga judicial, para tomar posesión de su escaño o para una hipotética investidura.

Junts ve coordinación entre PSOE y ERC

Fue el propio dirigente independentista, que lleva huido en Bélgica desde 2017, quien dijo que “podría estar” en el pleno de investidura aunque no aclaró si será el candidato a presidir Cataluña. Así lo indicó este miércoles después de conocer que Aragonès convocaba elecciones anticipadas.

En este sentido, fuentes de la defensa de Puigdemont ven evidente que existe una coordinación entre PSOE y ERC para que las fechas impidan a Puigdemont concurrir a las elecciones. Aunque no desvelan cuál será decisión, piensan que no debería haber ninguna traba jurídica si finalmente decide presentarse.

Confían por tanto en que los jueces levantarán las órdenes de detención mientras tramiten sus dudas ante el Tribunal Constitucional (TC) o el Tribunal de la UE. Aunque asumen que los jueces españoles tendrán dudas “legítimas” sobre la aplicación de la ley, sostienen que ello no debería afectar al levantamiento de las medidas cautelares. Aún así reconocen que no existen garantías.