El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha dado un plazo de 30 días al Gobierno para avanzar en la resolución de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. Si la situación no mejora, ha advertido de que buscará apoyo en otras instituciones, incluido el Poder Judicial.
Vivas ha endurecido su discurso tras un Consejo de Gobierno extraordinario y ha acusado al Ejecutivo central de «pasividad» y de no ofrecer una respuesta acorde con la magnitud del problema. También cuestiona las cifras oficiales y calcula que todavía permanecen en Ceuta entre 8.000 y 10.000 personas llegadas durante la entrada masiva de finales de julio.
El dirigente ceutí pretende trasladar personalmente la situación a responsables del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Además, contempla recurrir a las Cortes Generales, comunidades autónomas, instituciones europeas y otras administraciones para reclamar soluciones.
Desde el Gobierno central rechazan que Ceuta haya sido abandonada. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la actuación del Ejecutivo y ha pedido al Gobierno ceutí que habilite espacios seguros y adecuados para alojar a los migrantes.
García considera prioritario garantizar condiciones de higiene, alimentación y seguimiento sanitario, especialmente para prevenir posibles brotes derivados del hacinamiento, aunque ha descartado que actualmente exista un colapso del sistema sanitario.