El estado de negación del PP sobre su policía política ya denunciada por el Congreso

Ocho años después del dictamen que consagró la existencia de una policía política del PP bajo el gobierno de Rajoy los indicios y pruebas no han dejado de avalar aquella conclusión

«Estas decisiones [Operación Catalunya, Informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima, la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC)] han supuesto una inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento de Interior y de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y el Estado de Derecho…Y se ha atendido de forma impuntual e incompleta las solicitudes de documentación de la comisión”

Dictamen de la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre utilización partidista del Ministerio del Interior, 21 de septiembre de 2017.

Al seguir las comparecencias de Mariano Rajoy y de Jorge Fernández Díaz en el Congreso este miércoles 5 de marzo, uno no podía dejar de recordar algo que acaba de ocurrir esta misma semana. Ante el comienzo el pasado lunes 3 de marzo del penúltimo juicio del caso Gürtel -la pieza separada del ayuntamiento madrileño de Arganda-, el empresario Fernando Martín, entonces presidente del grupo constructor Martinsa y ex presidente del Real Madrid, confesó que había pagado una comisión de 25 millones de euros para conseguir la adjudicación de suelo por el Ayuntamiento de Arganda (2004/6).

“Se acordó que, a cambio de garantizar la adjudicación a favor de Martinsa, Francisco Correa cobraría de Fernando Martín una dádiva de 25 millones de euros, acordando que 12 millones se abonarían cuando el Ayuntamiento adjudicara las parcelas a Martinsa y el resto conforme avanzara la ejecución, en el bien entendido de que desde el Ayuntamiento no se pondrían trabas”, escribió Martín en su confesión, que busca evitar la entrada en prisión. La Fiscalía Anticorrupción pide 20 años.

En noviembre de 2004, se transfirieron los primeros 12 millones de euros a una cuenta de una empresa de Correa en el extranjero. Un año y medio más tarde, en junio de 2006 y ante el avance del proyecto, se le hizo el segundo abono de casi 13 millones de euros “desde la cuenta controlada por Fernando Martín en la entidad Lloyds TSB Bank a nombre de la sociedad Cedargrove INV a la cuenta Soleado que Arturo Fasana, gestor financiero de Francisco Correa, tenía en Suiza”.

Sí, la famosa cuenta Soleado en la cual Fasana atendía a una serie de no menos famosos ricos de España. Es el mismo Fasana que abrió la cuenta cuenta 505523 a nombre de la fundación panameña Lucum en el banco Mirabaud de Ginebra, para que Juan Carlos I pudiera ingresar en 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) el 8 de agosto de 2008 que le transfirió el ministro de Finanzas de Arabia Saudí Ibrahim Al Assaf en nombre del monarca Abdullah ibn Abdulaziz Al Saud.

Recapitulemos. Veinte años después de la operación Arganda hemos confirmado lo que en aquellos días era un secreto a voces: el pelotazo de Francisco Correa compartido con el ayuntamiento del PP.
¿Sabremos veinte años después de la guerra sucia contra los adversarios – 2012-2018- lo que pasó de forma tan meridiana como lo han contado estos días los acusados de Gürtel-Arganda?

Hemos citado el dictamen de la comisión de uso partidista del Ministerio del Interior y de la Policía de septiembre de 2017 sobre la creación y utilización de una policía política para mantener a raya a los adversarios del PP.

Es que después, en estos cinco años, los indicios, documentos audios, testimonios, condenas (de Eugenio Pino en el caso del pendrive ilegal contrabandeado en la causa de los Pujol) ha permitido conocer con mayor profundidad las operaciones de policía política. La grabación, que no “despacho”, entre Fernández Díaz y Villarejo del 16 de diciembre de 2012, precisamente, es una prueba de cargo, como lo es la que mantuvo en2016 con el jefe de la Oficina Antifraude Daniel de Afonso en su despacho.

El hecho de que la justicia no haya investigado de verdad (salvo alguna escaramuza) no revela más que la gravedad de lo ocurrido a quien nadie quiere hincar el diente en los tribunales.

Quién hubiera vaticinado entonces que Fernández Díaz y Francisco Martínez, Eugenio Pino, José Manuel Villarejo, entre muchos otros, se sentarían ante un tribunal en un juicio oral -en fecha pendiente- por montar durante tres años una operación, la Kitchen, contra Luis Bárcenas, uno de los entonces temibles adversarios de Mariano Rajoy, a quién le mandó entre abundantes mensajes el 18 de enero de 2013 el ya célebre: “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte”.

En su comparecencia, Rajoy exhibió con orgullo su legado en el cual colocó un lugar preferente a haber parado “el golpe de Estado” independentista en Catalunya. Lo que, indirectamente, supone avalar todo lo que se hizo por evitar el golpe de Estado, incluyendo la Operación Catalunya de guerra sucia, que ha dicho desconocer.

Por cierto, ni la dura sentencia del procés habla de “golpe de Estado” al referirse a los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017, y subraya que “bastó” con la publicación del artículo 155 de la Constitución en el BOE para acabar con la situación creada.

Precisamente, durante el juicio del procés, aporté la primicia informativa el 20 de febrero de 2019 de que Rajoy y su gobierno nunca consideraron aplicar la ley del estado de sitio en Catalunya. Ni tampoco se debatió el asunto de Cataluña en el Consejo de Seguridad Nacional.

Las actas de los consejos de ministros y del Consejo de Seguridad Nacional, solicitadas por la defensa del ex conseller Joaquim Forn, y aportadas ¡por el Palacio de La Moncloa al tribunal tras cursar la petición la Sala Segunda del Tribunal Supremo, son la prueba de que ante lo que Rajoy definió este miércoles como “golpe de Estado” ninguna medida de emergencia fue analizada .

Rajoy compareció siete días más tarde. El 27 de febrero de 2019, señaló. Dijo que su Ejecutivo pensó que la aplicación del artículo 155 «era mucho más operativa y era más justa».

Porque, dijo, «los estados de sitio o de excepción afectan a los derechos individuales de las personas». No se debatió ni en el consejo de ministros ni en el Consejo de Seguridad Nacional por una razón: no fue un golpe de Estado. En cuanto a Fernández Díaz su línea de defensa la marcó él con sus interlocutores policiales: “Negaré bajo tortura que esta reunión ha existido”.