El PP reclama imputar a la directora de la Guardia Civil y dos altos cargos por las presuntas cloacas del PSOE

El partido actúa como acusación particular en el ‘caso SEPI’ tras conocerse que Mercedes González mantuvo tres reuniones con una intermediaria de la trama y que Leonardo Marcos y el DAO ordenaron a la UCO «ponerse de perfil» en causas con «afectación política»

El Partido Popular ha presentado ante el juzgado que instruye el denominado ‘caso SEPI’ —que investiga la presunta existencia de cloacas al servicio del PSOE— un escrito de nuevas diligencias de investigación en el que solicita la imputación de tres altos cargos de la Guardia Civil: la actual directora general del Instituto Armado, Mercedes González; su predecesor en el cargo, Leonardo Marcos; y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas.

El PP actúa en este procedimiento como acusación particular unificada y fundamenta su solicitud en tres hechos de singular gravedad que han quedado acreditados en el marco de la investigación.

Tres reuniones con quien presumía de «control absoluto» sobre la directora
El primero de ellos afecta directamente a Mercedes González. Según el escrito del PP, la actual directora de la Guardia Civil mantuvo tres reuniones con Leire Díez, una intermediaria de la trama investigada que, según consta en las actuaciones, presumía ante terceros de tener «control absoluto» sobre la máxima responsable del Instituto Armado. El objeto de al menos uno de esos encuentros habría sido tratar el ascenso de un guardia civil vinculado a la trama Koldo, el caso que ya sacudió el Gobierno con la implicación del exministro José Luis Ábalos.

«Poneos de perfil»: la orden a la UCO en casos con «afectación política»
El segundo hecho señala a Leonardo Marcos y al DAO Manuel Llamas. Ambos, según la acusación popular del PP, habrían ordenado a mandos de la Unidad Central Operativa —la UCO, el brazo investigador de la Guardia Civil en los grandes casos de corrupción— que se pusieran «de perfil» y que no fueran «proactivos» en causas que tuvieran «afectación política». La instrucción habría señalado de manera específica el caso que afecta al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, actualmente investigado.

Diez días ocultando a la UCO una alerta sobre la trama

El tercer hecho, igualmente grave, se atribuye también a Manuel Llamas. El PP sostiene que el DAO ocultó deliberadamente a la UCO durante diez días una nota de la Jefatura de Información de la Guardia Civil en la que se alertaba de la existencia de una «agresiva campaña de desinformación» organizada por la trama del PSOE con el objetivo de destruir las investigaciones en curso. La demora en trasladar esa información a los investigadores habría favorecido, según la acusación, los intereses de los investigados.

El juez acepta citar como testigos a dos fiscales que se reunieron con la trama

El PP presenta este escrito de nuevas diligencias en una jornada especialmente significativa para la causa: el mismo día en que el juez instructor ha aceptado la citación como testigos de los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera. Ambos, según consta en la investigación, participaron en reuniones celebradas en la sede de la Fiscalía General del Estado con personas vinculadas a las presuntas cloacas del PSOE, lo que abre una nueva línea de investigación que apunta directamente al corazón del Ministerio Público.

La acumulación de frentes —una directora general de la Guardia Civil en el punto de mira, órdenes acreditadas de neutralizar a la UCO y fiscales citados como testigos por sus contactos con la trama— convierte este caso en uno de los más explosivos políticamente de cuantos se ventilan en los juzgados españoles.