El PP, dispuesto a ir a los tribunales por el reparto de menores migrantes

El Ejecutivo defiende que la reforma es necesaria y que contará con respaldo financiero

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts para modificar la Ley de Extranjería y repartir a los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas ha desatado una nueva batalla política. Seis comunidades gobernadas por el PP han anunciado que impugnarán la medida en los tribunales, argumentando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha impuesto el reparto sin un consenso previo y sin proporcionar una financiación adecuada para su gestión.

Las comunidades de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Cantabria y Galicia han sido las más contundentes en su rechazo, asegurando que la medida vulnera sus competencias autonómicas y genera una carga inasumible en algunos territorios. Además, otras regiones como La Rioja, Murcia y Baleares han expresado su descontento, acusando al Gobierno de «mercadear con los niños migrantes» y de utilizar la reforma como una concesión política a sus socios independentistas.

Imposición y falta de diálogo

Las críticas desde los gobiernos autonómicos del Partido Popular han sido unánimes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que llevará el acuerdo ante los tribunales españoles y las instituciones europeas, calificándolo de «lamentable» y afirmando que la política migratoria del Gobierno es «un lastre para todos».

En Andalucía, Juanma Moreno ha reprochado al Ejecutivo la falta de información y ha advertido que la Junta evaluará todas las opciones legales para frenar lo que considera una imposición sin consenso. Una postura similar ha adoptado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien ha anunciado que su equipo jurídico estudiará el decreto en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para presentar un recurso.

Desde Cantabria, el Gobierno autonómico ha insistido en que el decreto no respeta los principios de lealtad institucional y colaboración entre administraciones, mientras que Castilla y León ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para impugnarlo. El presidente Alfonso Fernández Mañueco ha subrayado que el reparto de menores debe ser «acordado y jamás impuesto».

Tensión y visiones enfrentadas

Más allá del rechazo de las regiones gobernadas por el PP, la reforma también ha sido criticada por La Rioja, Murcia y Baleares, que aunque no han anunciado medidas legales, han mostrado su descontento con la distribución de menores migrantes.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha denunciado la «situación insostenible» que atraviesa la comunidad, que ya ha superado el 200% de su capacidad de acogida. En Baleares, el Govern ha rechazado la asignación de 59 menores migrantes y ha ordenado a su equipo legal estudiar si pueden evitar acogerlos.

Por otro lado, comunidades como Euskadi, Cataluña y Canarias han respaldado la reforma, considerándola «un paso en la dirección correcta», aunque han pedido ajustes para mejorar su aplicación. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha calificado el acuerdo como «una magnífica noticia», pero ha reconocido que aún falta concreción en algunos aspectos.

Un conflicto que llega a la Justicia

El choque entre el Gobierno y las comunidades del PP parece encaminado a librarse en los tribunales. Mientras el Ejecutivo defiende que la reforma es necesaria y contará con respaldo financiero, las autonomías afectadas advierten que el coste real de la medida es incierto y que la sobrecarga de recursos en algunos territorios podría generar problemas sociales.

El Gobierno ha asegurado que el real decreto aprobado en el Consejo de Ministros incluye un fondo de 100 millones de euros para ayudar a las comunidades en la acogida de menores migrantes. Sin embargo, para los gobiernos autonómicos que rechazan el acuerdo, esta cantidad es insuficiente y no compensa la falta de planificación ni la ausencia de diálogo con las regiones afectadas.

En las próximas semanas, el desarrollo del decreto y la posible presentación de recursos legales determinarán hasta dónde llega esta nueva disputa entre el Ejecutivo central y las comunidades del PP. Lo que está claro es que el debate sobre la gestión migratoria en España está lejos de resolverse.

Las comunidades del PP preparan recursos legales para frenar el reparto de menores migrantes. El Gobierno defiende el acuerdo, mientras las autonomías denuncian falta de diálogo y financiación insuficiente.