El Parlamento Europeo, a través de su Comisión de Peticiones, admite a trámite una queja presentada por asociaciones medioambientales de la Comunidad Valenciana. El motivo: el supuesto incumplimiento del Derecho Comunitario en la implantación de proyectos de energía renovable en el Valle de Ayora-Cofrentes, Valencia. La denuncia se centra en la aprobación irregular de 25 macroplantas fotovoltaicas y dos instrumentos legales que aceleran este proceso.
La Asociación Naturalista de Ayora y la Valle (ANAV), junto con la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables, registraron la queja el pasado 27 de septiembre. El documento señala que estos proyectos, tramitados fragmentadamente, están generando un impacto ambiental significativo y contraviniendo normativas europeas como las Directivas de Hábitats y Aves Silvestres
Uno de los principales puntos de la queja al Parlamento Europeo es que las macroplantas fotovoltaicas, que ocupan más de 2.000 hectáreas de campos de cultivo, fueron tramitadas como proyectos individuales. Esta estrategia, según los denunciantes, permitió esquivar las exigencias de una evaluación ambiental más rigurosa y completa. En algunos casos, las plantas se aprobaron con simples informes, sin considerar el impacto acumulativo del conjunto sobre el entorno natural.
Además, las organizaciones denuncian que los dos instrumentos aprobados –la Declaración de Prioridad Energética (DPE) y un Plan Especial de Ordenación (PE)– convierten al valle en una «zona de sacrificio». Estas medidas facilitan la implantación de energías renovables en suelos fértiles, desplazando actividades económicas rurales tradicionales.
El Valle de Ayora es un enclave natural de alta sensibilidad, con terrenos que forman parte de la Red Natura 2000 y áreas de especial protección para aves (ZEPA). Las denuncias aseguran que la presencia de estas plantas fotovoltaicas pone en peligro a especies vulnerables como el águila perdicera, el aguilucho cenizo y aves esteparias como la avutarda. También se advierte de riesgos para proyectos de conservación en marcha, como el del águila imperial ibérica o el lince ibérico.
Según informes ambientales, los corredores ecológicos del valle también se verían afectados, sin que se hayan planteado alternativas menos perjudiciales o medidas compensatorias que protejan estos hábitats.
Un dato alarmante de la denuncia es que, en algunos municipios del valle, más del 50% de las tierras de secano serían ocupadas por instalaciones fotovoltaicas. Esto no solo altera el paisaje y la biodiversidad, sino que compite directamente con las actividades económicas rurales, agravando la despoblación de estas zonas.
Las asociaciones critican que la producción energética de estas plantas no está destinada al consumo local, sino que se transportará a través de largas líneas de alta tensión hacia otros puntos del país. A su juicio, esta política energética choca con la Estrategia de Biodiversidad de la UE, que busca proteger el 30% de las zonas terrestres para 2030.
Aunque esta queja se centra en el caso de Ayora, las asociaciones advierten que esta problemática es extensiva a otras regiones de España. Afirman que la tramitación de proyectos de renovables está marcada por la falta de transparencia, la ausencia de participación ciudadana y la priorización de intereses económicos sobre la preservación de los ecosistemas.
Con la admisión de esta queja, el Parlamento Europeo abre la puerta a una investigación más profunda. Las organizaciones esperan que las instituciones europeas ejerzan presión para garantizar una implantación más respetuosa de las energías renovables, alineada con las normativas ambientales y los principios de sostenibilidad.