El presidente del Tribunal Constitucional cabalgó hacia la presidencia sobre la alfombra roja de su ponencia de admisión del recurso de inconstitucionalidad del estado de alarma de Vox, después que su antecesor, Fernando Valdés Dal Ré, lo había inadmitido
En su libro Unreliable Sources (1988), o fuentes insolventes, los expertos norteamericanos Martin Lee y Norman Solomon, tras señalar que “la vaca más sagrada de la prensa es la prensa misma”, describen entre los vicios de los medios de su país lo que denominan “el periodismo de fuente”, o la dependencia, a veces enfermiza, de los periodistas de ciertas de sus fuentes. En España es una práctica cotidiana.
Que esa dependencia se convierte muchas veces en la necesidad de ser agradecido no es menos frecuente. Si te aportan, por ejemplo, una sentencia íntegra del Tribunal Constitucional (TC) cuando los magistrados disidentes todavía no han presentado su voto particular, y exhibes la primicia a cuatro columnas en portada, parece que luego hay que reconocerlo a la hora de abordar otras informaciones por aquello de que “es de bien nacidos ser agradecidos”.
Pedro González-Trevijano se verá obligado a abandonar la presidencia del TC en algún momento, quizá más pronto que tarde, ya se verá. Su mandato ha vencido el 12 de junio de 2022, siendo que fue elegido por el Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2013, y su prórroga automática va a llevar siete meses el próximo 12 de enero. Que lo que en estas páginas se llama el sindicato mediático-judicial haya “apretado” y más tarde, estos días, elogiado, a González-Trevijano, tras consumarse el golpe anunciado, primero para tutelar el Congreso de los Diputados y más tarde el Senado, a fin de prohibir la conversión en ley de las disposiciones finales para evitar el bloqueo de la renovación del TC, era algo previsible.
Pero que una prensa autodenominada independiente lo presente, después de uno de los acontecimientos más facciosos de la historia constitucional española desde 1978 -la admisión del recurso de amparo “preventivo” del Partido Popular contra esas disposiciones- como el hombre que llegó a la presidencia para “restañar las heridas” y que, pobre de él, no lo consiguió, es el ejemplo viviente de ese “periodismo de fuente” del que hablan Lee y Solomon en una obra que marcó época en el periodismo norteamericano.
La trayectoria hacia la presidencia
Pedro González-Trevijano preparó su acceso a la presidencia del TC, que correspondía al grupo de magistrados conservadores de su tercio, con la ponencia sobre el recurso del partido ultraderechista Vox contra la ley del estado de alarma y el confinamiento decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Situémonos. Es septiembre de 2020, los miembros del TC reciben el borrador sobre lo que sería la ponencia sobre el recurso de inconstitucionalidad del magistrado a quien había tocado por turno elaborarla. Se trataba de Fernando Valdés Dal Ré, del sector progresista. Su borrador, redactado sobre la base del trabajo del letrado Javier Jiménez Campos, catedrático de derecho constitucional y ex secretario general del TC, desestimaba el recurso de Vox. Una denuncia contra de maltrato de Valdés a su esposa -que esta ha negado- le aparta primero, culmina con su renuncia al TC y el archivo posterior de las diligencias contra él en el Tribunal Supremo.
A todo esto, su ponencia recae en González-Trevijano, quien se apoya en la labor de otro catedrático de Derecho Constitucional, Ángel Sánchez Navarro, al que a él mismo ha recomendado incorporándole como letrado en régimen de adscripción temporal en el TC. Ha sido vocal asesor en el Departamento de Parlamento e Instituciones del gabinete del presidente de Gobierno, José María Aznar, entre 2000 y 2002. Sánchez Navarro, pues, sustituye, a Jiménez Campos. Y la nueva ponencia elaborada sobre el informe técnico de Sánchez Navarro sostiene que si bien las medidas del confinamiento y las restricciones de ocio y actividad comercial han sido necesarias, en línea con las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el confinamiento domiciliario, decretado por el Gobierno y aprobado por el Congreso, es inconstitucional porque se ha suspendido el derecho fundamental de la libre circulación -no simplemente limitado- y para ello se debía haber declarado el estado de excepción.
Tanto el inicio del debate como el final, tras la votación, registra una conducta incompatible con las normas de transparencia y, cabe decir, de decencia. El martes 8 de junio de 2021. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ordena entregar a cada magistrado una copia de la ponencia de González-Trevijano sobre el recurso de Vox contra el decreto de estado de alarma aprobado por el Gobierno en marzo de 2020 y, a continuación, por una mayoría absolutísima del Congreso, incluyendo a Vox y al Partido Popular.
Las instrucciones del martes 8 de junio son estrictas. Hay que evitar filtraciones. La copia no pasa por secretaría ni se envía a los correos electrónicos. El jueves 10 de junio, a primera hora, un diario digital publica el contenido. La ponencia propone declarar inconstitucional el confinamiento domiciliario consagrado por el estado de alarma (artículo 7 del decreto).
La filtración deliberada de la ponencia de González-Trevijano, favorable a declarar inconstitucional un artículo clave del decreto ley -el número 7, o confinamiento domiciliario-, expresaba la intención de la mayoría conservadora de abrazar una estrategia de “aquí te pillo, aquí te mato”. Imponer el rodillo. El hecho consumado. Entonces la mayoría conservadora es aplastante: 8 votos contra 3 (Valdés no había sido reemplazado).
Y no resulta difícil consumar la operación. Y así como la ponencia de González-Trevijano es filtrada a un diario digital próximo al sindicato mediático-judicial antes de ser debatida a un medio de comunicación, la sentencia íntegra lo será, el 16 de junio de 2022, a otro medio, de tendencia diferente, antes de que los magistrados disidentes hayan entregado su voto particular firmado.
González-Trevijano pretende ser “equilibrista”
A este gran “varapalo”, definido así por los medios del sindicato mediático-policial, los Plenos mensuales en los que el TC admitía los recursos de inconstitucionalidad de Vox y del PP contra el Gobierno, siguieron otros, como, lógicamente, el de la prórroga del primer estado de alarma o la declaración de nulidad del acuerdo alcanzado por la Mesa del Congreso de Diputados del 19 de marzo de 2020 con el que se suspendían los plazos reglamentarios para las iniciativas que se encontraban en tramitación, así como el acuerdo del 21 de abril que desestimó la petición de Vox de reconsiderar la decisión anteriormente indicada.
Es decir: el TC, que había actuado de forma similar, ahora propinaba un nuevo “varapalo” al Gobierno a través de una coz contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
El presidente del TC, Juan José González Rivas, magistrado del sector conservador, es testigo de excepción de la polarización deliberada de la derecha. En sus votos particulares contra el parecer de la mayoría, se pronuncia a favor de la constitucionalidad del estado de alarma. Y desencadena la presión del sindicato mediático-judicial a favor de un TC “de combate”, porque, según afirma, González Rivas cede ante la influencia del magistrado, gallego como aquel, Cándido Conde-Pumpido.
A partir de noviembre, con el nombramiento de cuatro nuevos magistrados y, más tarde, con la dimisión por enfermedad de Alfredo Montoya, magistrado conservador, la situación interna en el TC cambia: son ahora 6 conservadores y 5 progresistas.
Ya estamos en junio de 2022. La división del trabajo entre los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los magistrados de la misma cuerda del TC -unos y otros respaldados por el PP de Feijóo- funciona a rajatabla.
González-Trevijano, ocho meses después de asumir, reitera al Gobierno, a través de diversos mensajeros, que no se le ocurra nombrar a los 2 magistrados que le corresponde para sustituirle a él y a Antonio Narváez, también designado por el Gobierno de Rajoy, porque aprovechará la mayoría conservadora de 6 a 5 para bloquearles la toma de posesión. También se lo dice en persona a la ministra de Justicia, Pilar Llop.
El final -el golpe contra el Congreso y el Senado- ha sido la crónica de un golpe anunciado. González-Trevijano ha llegado hasta el extremo de intervenir y votar en la propia inadmisión de su recusación, algo que no debería quedar como una nota a pie de página en la historia del TC. Con todo, su misión no ha finalizado, La guinda es su compromiso -y el de Enrique Arnaldo- con el objetivo del PP y la derecha de frustrar la posible presidencia progresista de Conde-Pumpido en el TC, a través de una candidatura alternativa de la magistrada del sector progresista María Luisa Balaguer.
En eso están.